La orden que pudo evitar la tragedia: ¿Fiscalía Edomex es parte responsable de multihomicido en Atizapán?

El multihomicidio de Atizapán ha cimbrado a México por la crueldad del crimen que se atribuye a Diego Sebastián 'N'.

La historia la sabemos: cuatro personas fueron asesinadas: Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su pareja, Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija Sofía, de apenas tres años, y Aleyda Romero, trabajadora de la familia. También fue asesinada la mascota. Solamente sobrevivió un niño de seis años.

Pero esto pudo haberse evitado. Al menos, esa es la información que comienza a desprenderse de un hecho que se desconocía hasta ahora: un juez federal tuvo en sus manos la posibilidad de que Diego Sebastián fuera detenido y le otorgó una suspensión que evitó su aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El reportaje fue publicado por MILENIO en su edición de este lunes, bajo la firma de Mariana Hernández. Semanas antes del multihomicidio, Diego Sebastián ya tenía una orden de aprehensión por fraude en Valle de Bravo. Había, además, varias denuncias públicas que lo relacionaban con presuntos fraudes mediante la renta de inmuebles de alta gama.

Sin embargo, el 6 de agosto, el juez federal Alejandro Latorre Lozano concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo. El efecto concreto de esa decisión fue impedir que se ejecutara la orden de aprehensión mientras continuaba el proceso judicial.

Veintiséis días después ocurrió el multihomicidio.

Por supuesto, el juez Latorre no podía saber lo que Diego Sebastián presuntamente haría. Nadie puede exigirle a un juzgador que adivine el futuro.

Pero eso no lo exime de rendir cuentas por una decisión que tuvo consecuencias concretas: neutralizó una orden de aprehensión y permitió que un hombre buscado por fraude permaneciera en libertad.

La resolución del juez no causó los asesinatos. El responsable de los crímenes será quien determinen los tribunales. Pero tampoco podemos fingir que aquella decisión judicial fue irrelevante dentro de la cadena de acontecimientos.

Por eso hay que revisar el expediente.

¿La orden de aprehensión estaba debidamente sustentada? ¿La Fiscalía integró correctamente el caso? ¿El juez estaba obligado a conceder la suspensión? ¿Evaluó el riesgo de fuga y los antecedentes del acusado? ¿Fundamentó suficientemente su resolución?

El propio juez debe explicar qué elementos tuvo frente a él y por qué decidió impedir la captura.

Alejandro Latorre llegó al cargo mediante la elección judicial de 2025. Fue elegido por voto popular, pero los votos no constituyen una garantía de competencia ni colocan a ningún juez por encima del escrutinio. Por lo pronto, este caso será una prueba para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

No se trata de castigar al juez por no haber previsto una tragedia ni de sancionarlo simplemente por el sentido de una resolución. Se trata de determinar si actuó con rigor, profesionalismo y apego a la ley.

Si la orden estaba mal sustentada y el juez procedió correctamente, debe decirse con claridad. La responsabilidad recaería entonces en la Fiscalía.

Pero si la suspensión fue concedida sin elementos suficientes, sin una valoración adecuada o de manera negligente, también debe haber consecuencias.

Hoy cuatro personas y un bebé no nacido están muertos. La justicia no puede modificar ese desenlace. Lo que sí puede hacer es explicar por qué, cuando existió la posibilidad legal de detener antes al principal acusado, el sistema decidió no hacerlo.

El juez Alejandro Latorre tiene una resolución que explicar. Y el Poder Judicial tiene la obligación de revisarla.

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