El espejo de Jáuregui: la advertencia federal a los estados

En los casos de César Jáuregui y del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, hay un mensaje muy claro que está enviando el gobierno federal a las autoridades del país: jueguen bajo las reglas, porque de lo contrario habrá consecuencias con todo el peso de la ley.

¿A qué reglas se refiere esto? Por supuesto, a una muy clara y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido en una de sus prioridades políticas: salvaguardar la soberanía, que se puede traducir como evitar intromisiones de Estados Unidos en la vida política del país y, particularmente, impedir que autoridades estatales o municipales desarrollen por su cuenta relaciones de seguridad con agencias estadounidenses.

Recordemos que desde el sexenio pasado rige en nuestro país una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que obliga a las autoridades a informar sobre determinados encuentros e intercambios con agentes extranjeros y establece controles federales sobre esa relación. Esto se deriva, en buena medida, del desorden que durante años privó en los intercambios con representantes diplomáticos y con agencias de otras naciones, en específico las estadounidenses y, particularmente, la DEA y la CIA.

La desconfianza es de larga historia. Un ejemplo muy claro reside en el sexenio de Felipe Calderón, cuando desde distintos espacios del gobierno mexicano se acusó a la embajada estadounidense de estar contribuyendo a una especie de competencia entre el Ejército y la Marina, porque Washington compartía información y desarrollaba operaciones mucho más estrechas con la Armada de México, mientras que dejaba a la Secretaría de la Defensa Nacional con menos datos y un acceso mucho más limitado a determinados canales de inteligencia.

Aquello no era un asunto menor. Una de las grandes discusiones de esos años fue precisamente hasta dónde llegaba la influencia de las agencias estadounidenses dentro de las instituciones mexicanas y hasta qué punto Washington escogía con quién compartir información, qué dependencia privilegiar y cuáles operaciones desarrollar con cada una.

Si a eso sumamos que había instancias como la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna con una relación extraordinariamente profunda con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, se entiende mucho mejor por qué eventualmente el gobierno federal buscaría ordenar y centralizar este tipo de comunicaciones. El problema, desde la óptica del Estado mexicano, era muy sencillo: distintos funcionarios, dependencias, gobernadores y cuerpos de seguridad habían construido durante años sus propios canales con Washington y muchas veces el gobierno federal ni siquiera tenía conocimiento completo de lo que se estaba hablando o acordando.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se intentó poner orden a través de la Secretaría de Gobernación. La intención era que la relación con las agencias estadounidenses pasara por una instancia central que permitiera al gobierno mexicano saber quién hablaba con quién, qué información se intercambiaba y para qué. El esfuerzo tuvo éxitos limitados y las relaciones directas entre dependencias y agencias siguieron operando.

No fue sino hasta los tiempos de la Cuarta Transformación que ese intento de control adquirió dientes legales y comenzó a traducirse en obligaciones, procedimientos y posibles sanciones para quien decidiera irse por la libre y desarrollar, en los hechos, su propia política exterior o de seguridad.

Ahí está el caso de Mauricio Kuri, quien logró evitarse un problema mayor porque tiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y porque hubo buenos oficios políticos después de que su gobierno impulsara un proyecto de cooperación policial con Estados Unidos sin que aparentemente se hubieran cubierto previamente todos los procedimientos federales. El mensaje que recibió Querétaro fue muy claro: puede existir cooperación con Washington, pero esa cooperación tiene que pasar por la Federación.

Pero en el otro extremo está César Jáuregui.

Su caída, por supuesto, también se vincula con las propias fracturas internas del PAN y con la ruptura política que terminó teniendo con el gobierno de Chihuahua, pero en esencia tiene un origen central: la acusación de haber permitido que agentes estadounidenses entraran al país y participaran en operaciones sin haber avisado y obtenido las autorizaciones correspondientes de la Federación.

Y por supuesto que este mayor control que quiere ejercer el gobierno federal tiene también un objetivo político.

La Cuarta Transformación se está viendo en el espejo de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, donde desde su perspectiva la influencia de Washington ha sido evidente en distintos procesos políticos que terminaron con gobiernos de izquierda sustituidos por fuerzas de derecha. Esa lectura podrá discutirse, pero forma parte de la manera en que el actual gobierno entiende la relación con Estados Unidos y explica por qué la palabra soberanía ocupa un lugar tan importante dentro de su discurso y de sus decisiones.

Para la administración de Claudia Sheinbaum no se trata solamente de controlar agentes extranjeros. Se trata de evitar que Washington pueda construir relaciones políticas, de seguridad o de inteligencia con gobiernos estatales al margen del Ejecutivo federal y de impedir que, eventualmente, esas relaciones puedan convertirse en mecanismos de presión o intervención dentro del país.

Así que el mensaje está claro y muy probablemente estamos entrando a una nueva etapa en lo que se refiere a las relaciones de estados y municipios con las agencias estadounidenses. La cooperación no desaparecerá, porque México y Estados Unidos tienen demasiados intereses compartidos en seguridad como para que eso ocurra, pero las reglas serán cada vez más estrictas y el gobierno federal buscará saber quién habla con quién, qué se acuerda y qué operaciones se realizan.

Y cualquier gobernador, fiscal o secretario de Seguridad que esté pensando en irse por la libre ya tiene dos ejemplos frente a sí: el de Mauricio Kuri, quien recibió el mensaje, corrigió el rumbo y evitó que el conflicto escalara, y el de César Jáuregui, que hoy duerme en el penal del Altiplano, nada más y nada menos que acusado de traición a la patria.

Ese es El Pulso.