Estados Unidos abre proceso legal contra Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; podría alcanzar cadena perpetua

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció una acusación formal contra Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al funcionario se le señala por presuntos delitos de tráfico de drogas y delitos conexos con armas de fuego.

Dentro del proceso legal abierto en el país vecino, el imputado es vinculado con una estructura de protección hacia el Cártel de Sinaloa. El expediente judicial ha sido asignado formalmente a la jueza federal Katherine Polk Failla para su seguimiento.

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De acuerdo con las alegaciones de la fiscalía estadounidense, Gámez Mendívil, quien mantiene un vínculo cercano con el gobernador de Sinaloa, podría alcanzar la cadena perpetua. Las autoridades de la DEA consideran que los cargos presentados son de alta gravedad.

Finalmente, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó este esfuerzo como una acción necesaria para salvaguardar a las comunidades estadounidenses. Se espera que el proceso judicial continúe mientras los acusados se presumen inocentes hasta que exista sentencia.

¿Cómo se vincula esta acusación con la estructura del gobierno de Sinaloa?

La acusación formal incluye al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios del estado. Según el documento judicial, los acusados operaron en diversos niveles gubernamentales para permitir que facciones delictivas actuaran con impunidad.

Se alega que estos funcionarios permitieron el almacenamiento y tránsito de drogas mediante la orden a corporaciones policiales de proteger los cargamentos. A cambio de estas acciones, los implicados habrían recibido colectivamente millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.

Particularmente, se menciona que Gámez Mendívil y el resto de los señalados habrían operado para la facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Esta alianza presuntamente influyó en procesos electorales y en la toma de decisiones institucionales estatales.

Por último, las autoridades estadounidenses destacaron que esta es la acusación más reciente en una serie de investigaciones contra redes de apoyo criminal. El proceso busca desarticular los nexos entre el poder político y el tráfico de drogas transnacional.

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