Proyectan eliminación de InfoNL, reducción recursos de organismos autónomos y de PJ
El Gobierno estatal propone desaparecer InfoNL al dejarlo sin presupuesto para 2026 y plantea recortes a la mayoría de los organismos autónomos.
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El Poder Judicial advierte que el recorte del 26 % limitará severamente el acceso a la justicia.| Especial
El Gobierno del Estado contempla la desaparición de InfoNL, el organismo garante de transparencia, al no incluirle presupuesto en el proyecto de Presupuesto 2026; además, propone recortes para la mayoría de los entes autónomos.
De acuerdo con fuentes consultadas, la falta de asignación presupuestal a InfoNL responde a que la Suprema Corte ya aceptó analizar la controversia constitucional relacionada con su posible eliminación.
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Tras una revisión al anexo de los organismos autónomos dentro del proyecto de Presupuesto 2026, no se contempla recurso para el Instituto Estatal de Transparencia, con lo cual quedaría en el limbo cuál sería el ente responsable de exigir rendición de cuentas a las instituciones públicas.
Lo anterior, dada la reforma federal que se concretó el año pasado, donde se establece que los institutos de transparencia locales se deben mantener hasta en tanto los Congresos armonicen la ley local con la federal y ahora sí desaparecerlos.
Por otra parte, tal cual se esperaba, el Gobierno estatal perfila dar menos recursos a los organismos autónomos en comparación con la petición que estos hicieron previamente.
Así, el Congreso local pidió un monto de 574 millones de pesos, mientras tanto, el proyecto contempla asignarles solamente 548 millones 990 mil pesos, es decir, 4.37 por ciento menos.
La Auditoría Superior del Estado solicitó 616 millones de pesos, pero el Estado contempla darles solamente 566 millones 500 mil, 8.04 por ciento menos.
En lo que refiere al Poder Judicial del Estado, solicitó cuatro mil 909 millones 758 mil 166 pesos, pero el Gobierno perfila asignarles tres mil 605 millones, 26.57 por ciento menos.
De igual forma, la Fiscalía General de Justicia solicitó un Presupuesto de seis mil 315 millones 197 mil 508 pesos, y el Gobierno estatal pretende asignarles cinco mil 103 millones 393 mil 993, lo que equivale a 19.19 por ciento a la baja.
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó un recurso de 180 millones 374 mil 700 pesos, sin embargo, el Ejecutivo estatal visualiza darles 138 millones 524 mil 700, es decir, 23.20 por ciento menos.
En lo que refiere a los organismos electorales, al Instituto Estatal Electoral fue el único ente al que el Gobierno estatal sí le asignó el Presupuesto solicitado, el cual asciende a un total de 644 millones 531 mil 684 pesos.
Caso contrario al del Tribunal Estatal Electoral, al que se pretende asignar 32.16 por ciento menos, ya que pidió 118 millones 654 mil 283 pesos y solamente perfilan darles 80 millones 499 mil 455.
Por último, a la Cruz Roja y a Bomberos Nuevo León se plantea asignarles 110 millones de pesos en conjunto.
Las peticiones y solicitudes de Presupuesto de estos organismos serán discutidas y analizadas en el Congreso local en el transcurso de las siguientes semanas.
Advierten de limitaciones
El Poder Judicial del Estado advirtió que la reducción de 26 por ciento en el Presupuesto 2026 que planteó el Gobierno estatal solamente les alcanzará para cubrir lo básico y la operatividad de la dependencia.
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En ese sentido, informaron que solo tendrán para cubrir pagos de nómina y el mantenimiento de las sedes judiciales.
En consecuencia, se verán afectados proyectos como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la creación y reestructuración de los Centros de Convivencia del Estado, el desarrollo de los nuevos módulos judiciales, la instalación de salas de audiencia, el nuevo Palacio de Justicia en el municipio de San Pedro, la contratación de secretarios y asistentes virtuales, la aplicación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la justicia, entre otras.
Se concluyó que la reducción atentará también contra la intención de combatir el déficit de juezas y jueces, limitar el acceso a la justicia, así como colocar mayor presión sobre el personal, que consideraron, ya trabaja al límite de su capacidad.
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