Catean empresa inmobiliaria por presunta suplantación de identidad en Monterrey
El operativo fue realizado en la empresa Quantium Desarrollos sobre la calle Planificadores y la avenida Lázaro Cárdenas, por presunta suplantación de identidad.
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La empresa se localiza en el Penthhouse de la Torre Cibeles en Monterrey.| Ángel Mercado
Agentes Ministeriales ejecutaron una orden de cateo en las oficinas de una empresa de giro de desarrollos inmobiliarios debido a una investigación por el delito de suplantación de identidad en el municipio de Monterrey.
El operativo inició cerca de la 1 de la tarde de este viernes en el Penthhouse de la Torre Cibeles, ubicada sobre la calle Planificadores y la Avenida Lázaro Cárdenas, hasta donde arribaron las unidades de la Fiscalía del Estado.
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Se trata de la empresa Quantium Desarrollos, la cual es investigada por un presunto fraude, personal de servicios periciales y detectives de la fiscalía accedieron a dichas oficinas en busca de indicios ligados a la carpeta de investigación.
Los elementos se mantuvieron en el lugar por varias horas realizando el operativo, para después de algunas horas, informar que en el lugar fueron aseguradas algunas computadoras que serán analizadas por los agentes.
¿Cómo se castiga el fraude en Monterrey?
En Monterrey, el fraude se castiga conforme al Código Penal del Estado de Nuevo León, que considera este delito cuando una persona obtiene un beneficio indebido engañando a otra o aprovechándose de su error. Las sanciones varían según el monto defraudado y las circunstancias del caso.
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En términos generales, el fraude puede castigarse con penas de prisión que van aproximadamente de seis meses a más de doce años, dependiendo de la gravedad y de si existe reincidencia. Además de la cárcel, el responsable debe reparar el daño, es decir, devolver el dinero o bienes obtenidos de manera ilícita.
Cuando el fraude implica abuso de confianza, documentos falsos, engaños sofisticados o afecta a personas vulnerables, las penas pueden aumentar. También se contemplan multas económicas y la posibilidad de inhabilitación para ejercer ciertos cargos o actividades comerciales.
Las víctimas pueden denunciar ante el Ministerio Público o directamente en la Fiscalía Especializada correspondiente.
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