Activismo bajo amenaza: 6 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Jalisco durante 2025
La impunidad y la falta de protección marcan una preocupante tendencia para los activistas en Jalisco.
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Ninguno de los seis casos de activistas asesinado en Jalisco ha sido esclarecido en su totalidad | Redes sociales
En Jalisco, ser activista continúa siendo una labor de alto riesgo. En lo que va del año, al menos seis personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente o de causas comunitarias han sido asesinadas.
Además, hasta el momento no existe una cifra oficial ni avances contundentes en las investigaciones. La falta de protección y la impunidad marcan una preocupante tendencia en el estado.
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El caso más reciente es el de Essaú Román Pérez, abogado y representante del Ejido Emiliano Zapata en el municipio de Cihuatlán.
Román fue asesinado a balazos la semana pasada, y su muerte encendió de nuevo las alarmas sobre la violencia dirigida contra quienes defienden causas sociales.
Según informó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, una de las principales líneas de investigación apunta precisamente al activismo del abogado.
“Estamos realizando las investigaciones, y desde luego una de las causas más importantes es el activismo que tenía en relación al ejido, pero no descartamos ninguna hipótesis”, explicó el funcionario.
¿Quiénes son los activistas asesinados recientemente en Jalisco?
El homicidio de Essaú Román se suma a una lista de nombres que revelan el grado de vulnerabilidad que enfrentan los activistas en Jalisco.
En marzo, Teresa González Murillo, líder de comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara e integrante del colectivo Luz de Esperanza, fue atacada dentro de su domicilio.
Teresa buscaba a su hermano desaparecido desde 2024 y murió días después en el hospital a consecuencia de las heridas.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato y exigió al Estado mexicano garantizar la seguridad e integridad de las personas que buscan a familiares desaparecidos, quienes suelen enfrentar hostigamiento, amenazas y agresiones.
Ese mismo mes, Juan Pablo Diego Estrada, activista por la paz en el municipio de Teocaltiche, fue asesinado dentro de su casa.
Las autoridades señalaron que los responsables estarían vinculados al crimen organizado, pero hasta el día de hoy no se ha detenido a nadie por el ataque.
En abril, María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue asesinada junto con su hijo en Tlajomulco de Zúñiga.
Días más tarde, el gobernador del estado informó sobre la detención de dos personas relacionadas con el crimen, aunque el caso continúa sin resolverse completamente.
Otra víctima fue Karina Ruiz Ocampo, defensora del derecho al agua en el municipio de El Arenal. Fue privada de la libertad y localizada sin vida veinte días después. Su asesinato es investigado como feminicidio.
En agosto, la comunidad LGBT+ exigió justicia por el homicidio de Katia Daniela Medina, mujer trans y directora del Colectivo Trans Zapotlán. Su cuerpo fue encontrado en un camino rural de Zapotlán El Grande.
Pese a la gravedad de los hechos, ninguno de los seis casos ha sido esclarecido en su totalidad. Organizaciones civiles acusan que la falta de resultados y de una estrategia de protección a personas defensoras de derechos humanos permite que la violencia se repita año tras año.
Con seis activistas asesinados en menos de once meses, la entidad enfrenta una crisis de seguridad y de derechos humanos que sigue dejando en vulnerabilidad a quienes alzan la voz por la justicia, el medio ambiente y la memoria de los desaparecidos en Jalisco.
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