Envenenamiento de perros: crueldad animal no castigada

Desde hace muchos años hemos visto con tristeza la bajeza de muchas personas que recurren al envenenamiento como una forma de descargar su ira contra los perros en situación de calle. 

La importancia de actuar desde el primer momento

En pleno 2026, cuando el envenenamiento de perros ya está tipificado como delito en Puebla con penas de cinco a ocho años de prisión, todavía existen personas que promueven estas prácticas en redes sociales con expresiones como "carne con vidrios", "el 1080 es efectivo" o "muerto el perro se acabó la rabia". 

Los envenenamientos ocurren en parques, avenidas y colonias. El caso del Parque España en la Condesa, en Cdmx, con más de una década de episodios, logró este año la captura del presunto responsable gracias a tres denuncias formales, avisos de clínicas veterinarias, cooperación vecinal y el hallazgo de 14 cebos con metomilo. Salvador N. fue vinculado a proceso el 31 de octubre.

Sin embargo, entre tantas voces que exigen justicia, pocas veces surge una pregunta fundamental: ¿qué elementos existen para demostrar que ocurrió un delito y quién lo cometió? La indignación es comprensible y necesaria, pero no constituye una prueba. Tampoco la cantidad de publicaciones, las sospechas de los vecinos o la presión social pueden sustituir una investigación penal.

Sospechar no es demostrar

Cuando un perro aparece muerto en circunstancias sospechosas, es frecuente hablar de envenenamiento. Pero jurídicamente, una sospecha no equivale a una conclusión: para establecer la causa de muerte pueden ser necesarios una necropsia y estudios toxicológicos. Incluso demostrado el envenenamiento, todavía debe investigarse quién colocó la sustancia y qué elementos permiten atribuirle responsabilidad. 

Que algunos vecinos aseguren conocer al responsable porque manifestó rechazo hacia los animales puede orientar la investigación, pero no constituye por sí solo una demostración de culpabilidad. La justicia exige hechos verificables, no solamente convicciones personales.

La cadena de custodia: pieza fundamental

El artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la cadena de custodia como un sistema de control y registro que documenta la identidad, conservación, recolección, traslado y manejo de los indicios. Por eso, cuando una persona encuentra posibles sustancias tóxicas, lo recomendable no es recogerlas ni desecharlas, sino evitar que otras personas o animales se acerquen y solicitar la intervención de las autoridades. 

Algo semejante ocurre con las grabaciones: un video difundido en redes puede ser útil, pero su popularidad no determina su valor probatorio. Conservar el archivo original e identificar su procedencia puede ser más importante que conseguir miles de reproducciones. La evidencia no adquiere mayor valor por hacerse viral, sino por la posibilidad de verificar su autenticidad e integridad.

La participación ciudadana no termina en las redes sociales

Existe una diferencia entre exigir justicia y contribuir a que pueda alcanzarse. Las denuncias públicas visibilizan un problema, pero no sustituyen los testimonios, las grabaciones, los estudios periciales ni las actuaciones del Ministerio Público. Un testigo no necesita conocer el número de una carpeta de investigación para acudir ante la Fiscalía, como tampoco necesita contratar un abogado para proporcionar información relevante. 

Lo verdaderamente importante es que esa información llegue oportunamente a quienes tienen la responsabilidad legal de investigar. Esto no significa trasladar a los ciudadanos las obligaciones de las autoridades: investigar, recolectar indicios y determinar responsabilidades son funciones institucionales que la colaboración ciudadana puede fortalecer, pero nunca sustituir.

¿Qué hacer ante un posible envenenamiento?

Si el animal continúa con vida, la prioridad es proporcionarle atención veterinaria inmediata con un médico con título y cédula profesional, pues su intervención permite intentar salvar la vida del animal y documentar lesiones y síntomas para una eventual investigación penal. Si el animal se encuentra sin vida, debe darse aviso inmediato a la Fiscalía para el levantamiento del cadáver, su preservación mediante cadena de custodia y la práctica de la necropsia. Si existen alimentos o sustancias sospechosas, debe evitarse su manipulación. También es fundamental identificar testigos y cámaras de seguridad, conservando las grabaciones originales antes de que desaparezcan.

Finalmente, los hechos deben denunciarse, evitando caer en el pensamiento de "¿para qué denunciar, si no hacen nada?". Estas acciones no garantizan una sentencia, pero pueden contribuir significativamente a esclarecer lo ocurrido.

De la indignación a la justicia

El envenenamiento de animales no solamente representa un acto de crueldad, sino que pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para responder frente a conductas que pueden constituir delitos. No necesitamos ciudadanos que se conviertan en investigadores ni que pretendan sustituir a las autoridades, sino ciudadanos que comprendan el valor de la información, que sepan preservar lo que puede resultar importante y que estén dispuestos a colaborar con las instituciones. 

La indignación puede movilizar a una comunidad y mantener viva su exigencia de justicia, pero la justicia penal necesita algo más: investigaciones profesionales, evidencias verificables y procedimientos que permitan demostrar responsabilidades. Toda persona acusada tiene derecho a una defensa que buscará cuestionar las evidencias, los procedimientos, la cadena de custodia y cualquier irregularidad que pudiera debilitar la investigación. 

Por ello, la fortaleza de una investigación no se mide por la indignación que provoca un delito, sino por la solidez de las pruebas que permiten demostrarlo ante la justicia.