Médico veterinario: ¿víctima o victimario?

Hace algunos años conocí al médico veterinario que recientemente ha ocupado espacios en medios y redes sociales a raíz de un proceso penal en Puebla.

Mi experiencia con él fue breve y mi impresión personal no fue particularmente favorable a partir de que mostró desagrado cuando le hice de su conocimiento que soy protector. Podría partir de ahí para construir una opinión sobre lo que hoy enfrenta, pero sería tan injusto como hacer exactamente lo contrario: asumir que, por ser médico veterinario, necesariamente es víctima de lo sucedido.

Y quizá ésa sea la parte que más me interesa de este caso.

La facilidad con la que dejamos de mirar los hechos individuales cuando aparece un gremio.

“Ya basta de ataques al gremio veterinario”, se ha repetido alrededor de este asunto.

Entiendo la solidaridad entre colegas. Es natural que exista. Pero hay una enorme distancia entre acompañar a un compañero y asumir que su profesión determina de qué lado de la historia se encuentra.

Una bata no convierte a nadie en víctima.

Como tampoco una carpeta de investigación convierte a nadie en culpable.

La gandallez no distingue profesiones

En las últimas semanas también hemos visto imágenes de médicos veterinarios agredidos por clientes. Hace apenas unos días ocurrió en Guadalajara: una inconformidad relacionada con la atención de un animal terminó en violencia contra los profesionistas.

Es absolutamente condenable.

Ningún cobro, ninguna diferencia sobre un tratamiento y ninguna inconformidad justifican una agresión.

El problema aparece cuando acontecimientos como éste comienzan a utilizarse para construir una narrativa según la cual los médicos veterinarios enfrentan una especie de hostilidad particular por parte de la sociedad.

Porque la conducta existe.

Lo que no es exclusivo es quién la padece.

En México conocemos perfectamente al cliente que quiere pagar menos, al que regatea hasta lo absurdo, al que busca obtener algo gratis, al que amenaza con exhibir un negocio en redes sociales si no obtiene lo que quiere y al que piensa que levantar la voz fortalece sus argumentos.

Y, en los extremos, conocemos también al que intimida o agrede, como lo fue el cliente que agredió a una trabajadora de un hotel en CDMX.

Es una forma de gandallez cultural que conocemos desde mucho antes de que existieran Facebook o TikTok.

La padecen médicos, abogados, meseros, comerciantes, empleados de mostrador, técnicos, conductores, profesores, trabajadores de hoteles y prácticamente cualquiera que alguna vez haya tenido que prestar un servicio frente al público.

Los médicos veterinarios no están exentos.

Pero tampoco son sus víctimas exclusivas.

Quien ha tenido un negocio conoce incluso los pequeños ejemplos cotidianos. El producto que no pasa por el lector de código de barras y provoca inmediatamente el viejo comentario “entonces es gratis”. El cliente que considera caro aquello cuyo costo desconoce. El que quiere una excepción porque está convencido de que su situación es diferente a la de todos los demás.

Eso es tratar con público.

También existen miles de médicos veterinarios exitosos, con consultorios llenos, pacientes que hacen cola para ser atendidos y salas de espera ocupadas por personas que los prefieren gracias a la calidad de su servicio. Hay profesionales con años de ejercicio, una reputación construida con trabajo y clientes que regresan una y otra vez porque confían en ellos.

Pero el éxito, la experiencia y la calidad de la atención tampoco los exentan de encontrarse con malos clientes.

Un consultorio lleno no elimina al cliente que regatea, amenaza, exige excepciones o pretende imponer sus condiciones mediante la presión.

De esos médicos veterinarios satisfechos, con pacientes que los eligen y negocios que funcionan, se habla mucho menos. Por supuesto, la normalidad rara vez se vuelve viral.

Las redes sociales pueden ser un extraordinario termómetro del enojo, pero un pésimo censo de la realidad.

Cuando el gremio sustituye al individuo

El caso de Puebla comenzó como algo mucho más pequeño que la discusión en la que terminó convertido. Un animal recibió atención veterinaria. Existió una cuenta pendiente. Surgió un conflicto entre el médico y la propietaria. Después vinieron las denuncias.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Puebla, se investigaron dos hechos diferentes: el presunto apoderamiento del animal y la presunta privación ilegal de la libertad de su propietaria. Posteriormente, un juez determinó vincular al médico veterinario a proceso.

Eso no significa que sea culpable.

Una vinculación a proceso no es una sentencia. Será dentro del procedimiento donde deberán probarse o desestimarse las acusaciones.

Pero tampoco estamos frente a alguien procesado simplemente “por cobrar sus servicios” o “por salvar a un perro”.

Hay hechos concretos que una autoridad investigó y que un juez consideró suficientes para que el proceso continuara.

Y ahí debería permanecer la discusión.

Sin embargo, ocurrió algo diferente.

El caso individual comenzó a convertirse en una causa gremial.

En algún momento el médico hizo incluso una declaración contundente:

“Puebla no es segura para ejercer, estudiar e invertir en la medicina veterinaria”.

¿Realmente podemos llegar a esa conclusión a partir de este caso?

Puebla tiene cientos de clínicas, hospitales y consultorios veterinarios funcionando todos los días. Hay profesionales construyendo carreras, atendiendo pacientes, invirtiendo y viviendo de su trabajo.

Una persona enfrentando un proceso penal por hechos específicos no convierte automáticamente a un estado en territorio hostil para toda una profesión.

Confundir ambas cosas me parece desproporcionado.

¿Quién debe proteger la ley?

También apareció otro argumento que merece reflexión: que el marco de bienestar animal en el Estado de Puebla coloca a los médicos veterinarios en una situación de indefensión.

Aquí creo que conviene recordar algo elemental.

Una ley de bienestar animal no existe para proteger a los médicos veterinarios.

Tampoco existe para proteger a los propietarios, a los rescatistas, a las asociaciones protectoras o a los funcionarios públicos. A ningún humano.

Existe para proteger a los animales.

Los humanos tenemos muchas otras herramientas jurídicas.

Si alguien no paga una deuda, existen mecanismos para cobrarla.

Si incumple un contrato, existen vías para reclamar.

Si amenaza, roba, golpea o comete un delito, existen leyes para perseguir esas conductas.

Si alguien abandona un animal y su conducta constituye un delito, también puede ser denunciado.

Ninguna de esas posibilidades exige debilitar la protección jurídica del animal.

Durante décadas los animales prácticamente desaparecían jurídicamente cuando sus intereses chocaban con los intereses económicos o patrimoniales de las personas, por el hecho de no ser considerados seres sintientes.

Las leyes de protección animal surgieron precisamente para comenzar a corregir esa situación.

Por eso me parece extraño considerar que una legislación de bienestar animal es problemática porque no privilegia los intereses de uno de los actores humanos involucrados.

No debería privilegiar a ninguno.

Ni al propietario.

Ni al veterinario.

Ni al protector.

Su centro debe seguir siendo el animal.

Los conflictos tienen vías

Hay otro aspecto del caso de Puebla que me parece revelador.

El propio médico ha señalado que anteriormente denunció un supuesto abandono del animal y ha cuestionado que aquella denuncia no tuviera el mismo resultado que la presentada posteriormente en su contra.

Entiendo la inconformidad.

Pero dos denuncias no tienen que producir necesariamente dos resultados iguales.

Denunciar no significa demostrar.

Cada señalamiento debe analizarse conforme a los hechos y elementos que lo sostienen.

Si una persona considera que una autoridad actuó incorrectamente, existen también mecanismos para combatir sus decisiones.

Ésa es precisamente la función de las instituciones.

Una deuda se cobra.

Un incumplimiento se reclama.

Un posible delito se denuncia.

Una resolución que consideramos incorrecta se combate.

El problema comienza cuando sustituimos esas vías por relaciones de fuerza entre las personas.

Y quizá ésa sea una de las enseñanzas que dejan tanto Puebla como Guadalajara.

En Guadalajara, los médicos veterinarios fueron quienes denunciaron haber sido agredidos. Ahí merecen exactamente la misma aplicación de la ley que cualquier otra persona que sea víctima de una agresión.

Sin privilegios.

Pero también sin menos derechos por ejercer determinada profesión.

La posición coherente no debería ser complicada:

Si un cliente agrede a un veterinario, que responda por sus actos. Si un veterinario comete una conducta ilícita contra un cliente o contra un animal, que responda también por los suyos.

No necesitamos escoger gremios para sostener ambas cosas al mismo tiempo.

¿Víctima o victimario?

Quizá por eso la pregunta que da título a este artículo tiene una respuesta incómoda.

No podemos saberlo por la profesión de una persona.

Tampoco por el número de colegas que la apoyen.

Mucho menos por quién logra hacer más ruido en redes sociales.

Una persona puede ser víctima en una circunstancia y responsable en otra.

Puede tener razón respecto de una parte de un conflicto y estar equivocada respecto de otra.

Puede incluso ser tratada injustamente por una autoridad y, al mismo tiempo, haber realizado actos que legítimamente deban investigarse.

La realidad no tiene obligación de proporcionarnos buenos y malos perfectamente identificables.

Por eso frases como éstas generan conflicto:

“Ni un veterinario más”. “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Como expresión de solidaridad puedo entenderlas.

Como principio para juzgar conductas, no.

Los gremios son importantes para defender condiciones laborales, promover mejores prácticas, capacitar a sus integrantes y representar intereses comunes.

Pero un gremio no debería convertirse en una presunción colectiva de inocencia.

Porque entonces dejamos de defender derechos y comenzamos a defender identidades.

Y hay algo que resulta curioso cuando observamos la situación desde el otro lado.

Muchos de los actos de maltrato animal que generan indignación y protestas sociales tienen detrás a personas con una profesión, una actividad económica o la pertenencia a algún gremio. Sin embargo, la protesta normalmente no se dirige contra los médicos, abogados, comerciantes, maestros, empresarios o trabajadores a los que esas personas pudieran pertenecer.

La indignación surge por el acto cometido.

Nadie razonablemente supone que señalar a un abogado que maltrató a un animal sea un ataque contra todos los abogados, ni que exigir responsabilidades a un carnicero que maltrato a un perro signifique perseguir al gremio de los carniceros.

¿Por qué tendría que ser diferente cuando la persona señalada pertenece al gremio veterinario?

Y precisamente por eso también vale la pena decir lo contrario.

Agradecemos de corazón a todos aquellos médicos veterinarios que han sido parte de la lucha contra el maltrato animal. A quienes han atendido animales víctimas de crueldad, han aportado su conocimiento para documentar casos, han acompañado rescates y han puesto su profesión al servicio de quienes no pueden defenderse por sí mismos.

Ellos también forman parte del gremio veterinario.

Son esos héroes sin capa cuya labor merece ser reconocida y viralizada, porque representan una medicina veterinaria que no necesita cerrar filas ante cualquier circunstancia para demostrar su valor: lo demuestra todos los días con sus actos.

Prefiero algo mucho más sencillo.

Cuando alguien denuncie a un médico veterinario, veamos qué ocurrió.

Cuando un veterinario denuncie a un cliente, hagamos exactamente lo mismo.

Que la autoridad investigue.

Que cada parte se defienda.

Que las decisiones puedan cuestionarse.

Y que, cuando corresponda, un juez determine responsabilidades.

Sin batas.

Sin etiquetas.

Sin gremios.

Sin bandos.

Porque al final, cuando quitamos todo eso, sólo quedan las conductas de cada persona.

Y ésas son las que deberían juzgar.