A Jalisco no le interesa resolver conflicto territorial con Nayarit, ya que son tierras indígenas, acusa historiador
El historiador José María Muriá explicó que las tierras de Mezquitic no deben considerarse propiedad privada.
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Municipio de Mezquitic / Especial
A pesar de la relevancia histórica y social del conflicto territorial entre Jalisco y Nayarit, el tema no ha sido una prioridad para los gobiernos estatales, advierte el historiador José María Muriá, quien ha estudiado el caso durante años.
En opinión de José María, la falta de voluntad política ha obstaculizado la defensa del territorio y, sobre todo, de las comunidades indígenas que habitan la zona en disputa.
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“El hecho de que no haya una resolución firme sobre los límites entre ambos estados demuestra que no hay mayor interés de parte de quienes gobiernan en defender ese territorio, quizá porque no se trata de propiedad privada, sino de tierras indígenas”, señaló Muriá en entrevista.
El conflicto gira en torno a terrenos ubicados en la región norte de Jalisco, específicamente en la jurisdicción de San Andrés Coamiata, comunidad wixárika perteneciente al municipio de Mezquitic y habitada por alrededor de 800 personas. Según el historiador, estas tierras no deberían considerarse propiedad privada, ya que históricamente son comunales y pertenecen a los pueblos originarios.
“La parte esencial es que el terreno que se pretende incorporar a Nayarit es comunal, no privado. El fondo del problema es el intento de despojar a las comunidades indígenas de sus tierras. Lo más grave es que no se ha emitido un dictamen firme que resuelva el caso”, explicó.
Para Muriá, detrás del conflicto hay intereses particulares. Señala que algunos terratenientes buscan que esos terrenos sean convertidos en propiedad privada, arrebatando así su carácter comunal para poder apropiarse de ellos.
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“Lo que hay detrás de todo esto es el deseo de que esas tierras terminen en manos de unos cuantos, y no en las de las comunidades indígenas a las que legítimamente pertenecen”, advirtió.
El historiador recordó que durante el mandato del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri (1989–1992), hubo intentos de avanzar en el deslinde territorial, pero los esfuerzos fueron mínimos y no se concretaron. Además, su sucesor, Carlos Rivera Aceves, optó por no involucrarse en el proceso ni continuar el diálogo previamente iniciado con representantes de ambos estados.
Incluso, cuando Muriá ya había reunido suficiente información y documentación para publicar una investigación sobre el tema, el propio gobierno estatal rechazó apoyar la publicación.
“Cuando ya tenía todo listo, el gobierno no quiso fomentar la investigación ni publicar el libro”, denunció.
Finalmente, el académico hizo un llamado a las autoridades jaliscienses a retomar este conflicto como una causa legal y social pendiente. Reiteró que se debe proteger el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, y llevar el caso hasta que haya una resolución definitiva.
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