Gobierno de Jalisco denuncia invasión de alcaldesa de El Nayar a territorio wixárika en Mezquitic
El ingreso de la alcaldesa de El Nayar de Nayarit se consideró como irregular.
El gobierno de Jalisco emitió un extrañamiento a Imelda Escobedo, presidenta municipal de El Nayar, Nayarit, por ingresar irregularmente a la comunidad wixárika de Tateikie en Mezquitic. El gobernador Pablo Lemus Navarro calificó el hecho como una "violación a la soberanía estatal" y a la autonomía indígena, al realizar actos de gobierno en territorio jalisciense sin autorización.
El incidente ocurrió pese a una suspensión de la SCJN vigente desde 2018, que prohíbe modificaciones territoriales entre Jalisco y Nayarit. La comunidad wixárika retuvo brevemente a la funcionaria y su comitiva, incluyendo policías municipales, hasta la intervención mediadora del gobierno estatal.
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¿Por qué es grave la incursión de la alcaldesa de El Nayar?
La acción violó directamente el mandato judicial que mantiene el estatus quo territorial mientras se resuelve el conflicto limítrofe. La SCJN había ordenado expresamente que ninguna autoridad realice actos de gobierno o nombre funcionarios en la zona en disputa, reconociéndola provisionalmente como parte de Mezquitic, Jalisco.
Lemus Navarro advirtió que, de repetirse estos actos, se procederá a detenciones: "No permitiremos promoción político-electoral ni invasiones". La comunidad wixárika, históricamente afectada por conflictos territoriales, ejerció su autogobierno al retener temporalmente a los visitantes, acción que derivó en una mesa de diálogo con participación del INPI y SEDENA.

El gobierno jalisciense destacó que este no es un incidente aislado. El 13 de marzo, la SCJN ya había requerido a El Nayar anular el nombramiento ilegal de un juez auxiliar en Tateikie, tras una denuncia presentada por Jalisco en enero.
¿Qué acciones tomará Jalisco ante este conflicto?
La Secretaría General de Gobierno de Jalisco dará vista formal a la SCJN para que investigue la responsabilidad de Escobedo por violar la suspensión judicial. Se solicitará que se apliquen sanciones correspondientes por incumplimiento a mandatos constitucionales.
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Simultáneamente, se reforzará la coordinación con Nayarit para garantizar el respeto a la suspensión. Lemus Navarro aseguró que se mantendrá vigilancia en la zona y diálogo permanente con autoridades wixárikas, reafirmando el compromiso con su autonomía.
El gobierno estatal reiteró que no tolerará nuevas intrusiones mientras prevalezca la suspensión judicial, defendiendo tanto la soberanía estatal como los derechos ancestrales del pueblo wixárika a su territorio y autodeterminación.
MQ
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