Proponen hasta 25 años de prisión por reclutamiento de menores por grupos del crimen organizado en Guanajuato
Edith Moreno Valencia, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato con el fin de tipificar como agravante, dentro del delito de Trata de Personas.
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Actualmente, el artículo 179 del Código Penal estatal establece condenas de 8 a 15 años de prisión. Foto: Especial.
Edith Moreno Valencia, diputada por Morena, presentó este jueves una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato con el fin de tipificar como agravante, dentro del delito de Trata de Personas, el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos del crimen organizado, lo que podría alcanzar sanciones de hasta 25 años de prisión.
“La trata de personas ya está reconocida en nuestro Código Penal, pero es indispensable que podamos reconocer explícitamente la agravante cuando el propósito es incitar a niñas, niños y adolescentes a participar en actividades ilícitas por grupos delictivos. Las sanciones más fuertes no son una venganza; son una herramienta para disuadir y para señalar con claridad que la explotación de la infancia no tendrá impunidad en Guanajuato”, expresó la legisladora.
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La propuesta es complementaria a la presentada hace una semana por el diputado panista Erandi Bermúdez, con el propósito de que Guanajuato se convierta en el primer estado del país en tipificar y sancionar el reclutamiento de menores con fines delictivos.
En su iniciativa, Moreno Valencia plantea que, cuando el delito de trata se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes para involucrarlos en actividades ilícitas de grupos criminales, la punibilidad se incremente desde dos tercios del mínimo hasta dos tercios del máximo.
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Actualmente, el artículo 179 del Código Penal estatal establece condenas de 8 a 15 años de prisión, por lo que con la agravante contemplada, estas penas podrían elevarse significativamente.
Además, la reforma propone ajustes a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para garantizar que el Estado y los municipios diseñen, implementen y evalúen políticas públicas orientadas a prevenir, detectar y atender integralmente el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos. Estas medidas priorizarían la protección, el apoyo psicosocial y la reinserción social sin discriminación de las víctimas.
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