Congreso de Puebla debate iniciativa para tipificar el linchamiento como delito con penas de hasta 10 años
La propuesta incluye agravantes para casos con víctimas menores, embarazadas o familiares presentes, y plantea reforzar protocolos de prevención.
El Congreso local poblano retomará en los próximos días la discusión de una iniciativa de ley que busca tipificar el linchamiento como delito en la entidad.
La propuesta contempla sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes participen en estos actos y plantea agravantes en casos en que las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas o cuando los hechos ocurran frente a familiares.
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Puebla registra 113 muertes por linchamientos en 10 años
De acuerdo una investigación publicada en Milenio Diario, en la última década Puebla ha registrado 113 muertes como resultado de linchamientos, lo que representa un promedio de 11 fallecimientos por año, de acuerdo a datos oficiales.
A pesar de estas cifras, el linchamiento no está tipificado como delito en la legislación local, ni en las de los estados de Hidalgo y Estado de México, entidades donde también se han documentado episodios de violencia colectiva.
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Andrés Villegas asegura que el congreso busca revisar protocolos contra asesinatos colectivos
La iniciativa, presentada por el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Andrés Villegas, plantea además la necesidad de reforzar los protocolos de actuación para prevenir y contener estos hechos.
Según explicó el legislador, el cambio en los protocolos implementado durante su gestión como subsecretario de Gobernación permitió reducir en un 87 por ciento los casos consumados de linchamiento entre 2022 y 2023, al otorgar a las autoridades municipales el papel de primer respondiente.
“Es importante que la ciudadanía entienda que nadie puede hacer justicia por propia mano”, declaró el legislador en entrevista exclusiva con TELEDIARIO Puebla.
Subrayó la necesidad de acompañar la reforma legal con una estrategia de capacitación dirigida a autoridades municipales, cuerpos de seguridad y otras instancias.
“Hay condiciones y lo más importante de esto es que después de que se apruebe, se socialice con las autoridades municipales, que son los primeros respondientes; que se dé una capacitación completa junto con la Secretaría de Gobernación y con la Fiscalía General, que son los que apoyan, junto con la Secretaría de Seguridad que también ellos son los que muchas veces entran y recuperan a un retenido”, señaló.
La iniciativa, actualmente turnada a la Comisión de Seguridad del Congreso local, podría ser votada en el pleno antes de que concluya el actual periodo legislativo. Las autoridades reconocen que, aunque la ley contribuirá a sancionar a los responsables, es indispensable seguir perfeccionando los mecanismos de prevención y respuesta ante estos actos de violencia colectiva.
ERV
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