Más de 300 servidores públicos han sido arrestados por desaparición forzada en Jalisco: señalan colusión con crimen organizado
Esta cifra, corresponde a casos del 1 de diciembre del 2018 al 31 de junio del 2025, de acuerdo con el sitio web de la Fiscalía de Jalisco.
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Imagen ilustrativa de una patrulla de la Policía del Estado de Jalisco | Secretaría de Seguridad
En un lapso de poco más de seis años, un total de 317 servidores públicos han sido judicializados por el delito de desaparición forzada en Jalisco, según cifras actualizadas al 31 de junio de 2025, disponibles en el portal oficial de la Fiscalía Estatal.
Estas cifras, correspondientes al periodo del 1 de diciembre de 2018 a mediados de este año, muestran la magnitud del problema que enfrenta la entidad en cuanto a la infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
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Un caso reciente es el de Jesús ‘N’, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, quien fue condenado a 50 años de prisión tras retener ilegalmente a un hombre y entregarlo a un grupo criminal, donde fue agredido físicamente y murió horas después.
Para el doctor Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad de la Universidad de Guadalajara, este tipo de sentencias evidencian una grave crisis institucional.
“Esta sentencia viene a reforzar el tema de la gravedad institucional en la que estamos viviendo, en virtud de que se acredita que algunas corporaciones policíacas están coludidas con la delincuencia organizada”, advirtió.
Además, señaló que en lugar de seguir los procedimientos legales y entregar a las personas detenidas al Ministerio Público, algunos policías optan por entregarlas a criminales.
“Lo que hacen es llevarlo a otro lugar o lo entregan directamente a la delincuencia organizada para que haga con ella lo que le plazca”, expresó el especialista.
¿Qué otros casos recientes de policías vinculados han ocurrido en Jalisco?
En lo que va del 2025, se han documentado al menos cuatro casos adicionales que involucran a elementos policiacos en desapariciones forzadas:
Cinco oficiales de la Comisaría de Seguridad de Poncitlán fueron detenidos el 9 de enero por no haber puesto a disposición de la autoridad competente a varias víctimas.
Rafael R. y Javier C., elementos de la Policía de Zapopan, fueron vinculados a proceso en febrero por la desaparición de una persona ocurrida en 2019.
Otro policía de Zapopan enfrenta cargos por su presunta participación en el homicidio de una familia en San Cristóbal de la Barranca, donde murieron dos menores de edad.
Además, la sospecha de infiltración criminal en las corporaciones ha derivado en acciones drásticas, como el desarme de las Policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo a principios de este año, tras la desaparición de ocho policías y las denuncias de protección a grupos delictivos.
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¿Qué acciones se deben tomar según el especialista?
Ante este escenario, Jiménez Reynoso enfatizó la responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno para combatir este fenómeno:
A la federación, le corresponde realizar investigaciones sólidas y llevar a proceso a los policías involucrados.
Las autoridades municipales deben depurar sus corporaciones y prevenir nexos con el crimen organizado.
El estado, por su parte, debe generar “blindajes” institucionales para evitar el ingreso de personas al servicio del crimen a las filas de seguridad pública.
“Debe haber un esfuerzo integral para garantizar que quienes portan un uniforme y un arma trabajen para proteger a la ciudadanía y no para servir a intereses criminales”, concluyó el especialista.
Este fenómeno no solo representa un problema de corrupción, sino también una amenaza directa a la justicia y la seguridad de miles de ciudadanos.
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