¿Quién cuida a quienes educan?

Últimamente, el algoritmo de TikTok me ha llevado a encontrar cuentas de maestras y maestros que expresan el hartazgo que experimentan al formar parte del sistema educativo de nuestro país. Sin embargo, lo que más me alarma es que sus testimonios no se limitan al desahogo: algunos han decidido tomar medidas concretas ante las condiciones que enfrentan.

De acuerdo con sus propios relatos, las experiencias vividas en el ejercicio de la docencia han tenido consecuencias importantes en su salud mental. La situación ha llegado a tal punto que algunas maestras y maestros aseguran haber renunciado a sus plazas en la Secretaría de Educación Pública.

Una de las principales quejas que comparten es la falta de colaboración de madres y padres de familia en el proceso educativo de sus hijas e hijos. Hablan desde la frustración y la impotencia de sentirse solos frente a responsabilidades que parecen multiplicarse: planeaciones, evaluaciones constantes, exigencias administrativas y falta de recursos materiales e infraestructura adecuada para desempeñar su trabajo.

Muchas maestras y maestros, impulsados por su vocación de servicio, destinan parte de su propio salario a cubrir estas carencias. Compran materiales, acondicionan salones y procuran que sus estudiantes cuenten con lo necesario para desarrollar las actividades escolares en espacios agradables y dignos. Todo ello con recursos que deberían estar garantizados por las instituciones educativas.

Pero las dificultades no terminan ahí. Las y los docentes también relatan episodios de violencia y confrontación con madres y padres de familia por situaciones tan cotidianas como exigir puntualidad en los horarios de entrada y salida, solicitar el cumplimiento de las tareas o pedir que se involucren en determinadas actividades pedagógicas.

Algunos testimonios describen agresiones verbales, amenazas y descalificaciones que ponen en entredicho su autoridad dentro del aula. Incluso narran situaciones en las que sus propios estudiantes reproducen expresiones de desprecio hacia el personal docente, con frases como: «Mi mamá dijo que no le hiciera caso, que usted está loca y no me puede hacer nada».

Otros relatos son todavía más preocupantes: maestras y maestros que aseguran haber sido agredidos físicamente por estudiantes después de un regaño o una llamada de atención.

Estos testimonios merecen ser analizados con mayor profundidad. Nos hablan de docentes que, además de enfrentar carencias materiales y exigencias institucionales, describen un deterioro de las relaciones entre la escuela y las familias, así como situaciones de violencia que afectan su bienestar y el ejercicio de su profesión.

Ante este panorama, vale la pena preguntarnos: ¿quién cuida a quienes educan? ¿Qué podemos hacer para atender el desgaste físico y emocional del personal docente?

Personalmente, no creo que exista una respuesta sencilla ni que toda la responsabilidad deba recaer exclusivamente en la Secretaría de Educación Pública. Si bien es indispensable garantizar salarios dignos, prestaciones laborales, infraestructura adecuada y condiciones seguras para el ejercicio de la docencia, mejorar nuestro sistema educativo exige mirar también las circunstancias en las que madres y padres ejercen la crianza y el trabajo de cuidados de sus hijas e hijos.

¿Qué sucede cuando a una madre o a un padre que enfrenta jornadas laborales extensas, salarios insuficientes y condiciones de trabajo precarias se le exige involucrarse en las tareas escolares, asistir a reuniones o ausentarse de su empleo para atender asuntos relacionados con la educación de sus hijos?

En muchos casos, estas exigencias se suman a una carga cotidiana que ya resulta difícil de sostener. Aparecen entonces el agotamiento, la frustración y la culpa, emociones que pueden terminar expresándose en conflictos con las personas de su entorno más cercano, incluido el personal docente.

Por supuesto, ninguna condición de precariedad justifica las agresiones o faltas de respeto hacia las maestras y los maestros. Sin embargo, comprender las condiciones sociales que atraviesan las relaciones entre las familias y las escuelas es indispensable si realmente queremos encontrar soluciones.

No podemos seguir exigiendo a las familias una participación activa en la educación de sus hijas e hijos sin preguntarnos si cuentan con el tiempo, los recursos y las condiciones necesarias para hacerlo.

Tampoco podemos continuar depositando sobre el personal docente responsabilidades que corresponden a las familias, las instituciones y al propio Estado.

En este sentido, propuestas como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados resultan fundamentales. Ambas deben seguir discutiéndose, fortaleciéndose e impulsándose para avanzar hacia una sociedad en la que el trabajo remunerado, la crianza y los cuidados puedan desarrollarse en condiciones más dignas.

Porque hablar de educación también implica hablar de tiempo, de salarios y de las condiciones materiales en las que transcurre la vida de las familias. Si queremos mejorar la educación de nuestras niñas y niños, necesitamos garantizar mejores condiciones tanto para quienes enseñan como para quienes crían.

Pero mientras avanzamos en la construcción de esas condiciones, también tenemos una responsabilidad inmediata como madres y padres de familia: recuperar el respeto y el reconocimiento hacia las maestras y los maestros que, día tras día, demuestran su vocación y compromiso frente a grupo.

Ese respeto comienza con nuestro ejemplo. No se trata de considerar al personal docente como una autoridad absoluta ni de asumir que sus decisiones están exentas de cuestionamientos, sino de enseñar a nuestras hijas e hijos a reconocer su labor, escuchar sus orientaciones y valorar el esfuerzo que realizan por su bienestar.

Basta con recordar nuestro propio paso por la escuela. ¿Cuántas veces nosotros, o alguno de nuestros compañeros, encontramos en una maestra o un maestro la confianza necesaria para compartir nuestros

problemas, inquietudes o miedos? ¿Cuántas veces fueron ellos quienes nos escucharon cuando no encontrábamos la manera de hablar con nuestras propias familias?

La escuela es mucho más que un espacio de aprendizaje académico. Para muchas niñas, niños y adolescentes también representa un lugar de encuentro, acompañamiento y protección. Reconocer esa dimensión de la docencia implica asumir que su bienestar es también una responsabilidad colectiva.

Cuidar a quienes educan también es una forma de cuidar a nuestras infancias.