Falta de consenso político obstaculiza penas contra la apología del delito en Jalisco
Según Salvador Zamora, la falta de voluntad política también ha afectado otras propuestas importantes en Jalisco, como la reforma al Poder Judicial.
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En Jalisco han buscado limitar la aparición de grupos que hagan apología al delito. | Imagen: Gemini IA
En la vida pública de Jalisco, la apología del delito ha cobrado relevancia como un tema de discusión y preocupación. A pesar de los esfuerzos por regular y sancionar la promoción de la violencia y el crimen organizado en espectáculos públicos, la falta de consenso político ha impedido que las propuestas avancen.
Este estancamiento legislativo refleja un debate más amplio sobre cómo el gobierno debe enfrentar la cultura delictiva que, en ocasiones, se normaliza o incluso se celebra a través de la música y el entretenimiento.
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¿Cuáles son las consecuencias de la falta de consenso en la regulación de la apología del delito?
El Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, ha señalado la falta de acuerdo político como la principal razón por la que no ha prosperado la iniciativa para sancionar a quienes cometen apología del delito.
A pesar de que la propuesta fue presentada en abril con el objetivo de dar a los municipios la autoridad para regular a grupos musicales y artistas que promueven la violencia en sus presentaciones, no ha logrado avanzar en comisiones.
Zamora lamentó que se dé prioridad a los intereses partidistas por encima de los de la ciudadanía. "Desafortunadamente hay que decirlo, en algunas ocasiones se privilegian los intereses partidistas, sobre los intereses de los jaliscienses", afirmó el secretario, destacando que la iniciativa busca sancionar a los "generadores de violencia" para fomentar la paz en la entidad.
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El funcionario también mencionó que esta falta de voluntad política ha afectado otras propuestas importantes, como la reforma al Poder Judicial. Esta reforma busca alinear la legislación estatal con una iniciativa federal que permitiría la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
La situación no solo afecta la reforma en materia de seguridad y justicia, sino que también pone de manifiesto cómo la agenda política puede ser influenciada por intereses particulares, dejando en un segundo plano las prioridades de la sociedad.
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