Morena evalúa sanción contra regidor de Acámbaro que se manifestó en contra del Acueducto Solís
El secretario general de Morena en Guanajuato, subrayó que el partido no avala que sus militantes ni funcionarios participen en protestas contra obras promovidas por el Gobierno Federal.
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Agricultores de Guanajuato se reunieron para manifestarse contra el acueducto Solís-León. Foto: Dany Béjar
Luego de que se diera a conocer la intervención del regidor Julio Vega Malindo quien es uno de los principales referentes del movimiento opositor al acueducto Solís–León en el municipio de Acámbaro, el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, subrayó que el partido no avala que sus militantes ni funcionarios electos participen en protestas contra obras promovidas por el Gobierno Federal.
Telediario documentó la asistencia del regidor morenista Julio Vega Malindo a la protesta realizada el viernes pasado contra el acueducto Solís–León, proyecto contemplado dentro del Plan Hídrico Nacional. Durante la movilización se empleó maquinaria para destruir los terraplenes construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el mismo acto también estuvo presente Laura Ríos Cárdenas, trabajadora de la Secretaría del Bienestar en la entidad.
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Ramírez Garibay señaló, que sostuvo varias conversaciones con el regidor Julio Vega para advertirle que no puede emitir posicionamientos ni manifestarse a nombre de Morena. Incluso dijo, que el Edil, se reunió con Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de contar con mayor información sobre el proyecto; no obstante, su postura en contra de la obra no se modificó.
“Le dije: estás faltando uno de los principios de Morena, que es no mentir, porque no tienes la información suficiente del proyecto para estarlo torpedeando, para estarlo obstaculizando; después fue a una reunión con el director general de Conagua, regresó y su postura fue la misma”, señaló.
El pasado viernes 2 de enero, en una movilización realizada en Acámbaro, se empleó maquinaria pesada para retirar los terraplenes de un canal adjunto a la presa Solís; en ese contexto, el presidente del módulo de riego de ese municipio, Joel Moreno Brito, señaló que se estima la remoción de aproximadamente 150 metros de terraplén y que los trabajos podrían concluir en un plazo de dos semanas.
Ramírez Garibay enfatizó que, derivado de la participación del regidor en estas protestas, Morena analiza iniciar un procedimiento intrapartidario en su contra, al tratarse de un representante popular emanado del movimiento.
“Es posible que él vaya a ser sujeto a un procedimiento ante el órgano de justicia intrapartidaria de Morena porque él no puede estar manifestándose en contra de un proyecto que está dentro del Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.
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En su estancia en Guanajuato e incluso desde la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado este proyecto dejando claro que no se le quitará el agua a nadie.
Ramírez Garibay detalló que el procedimiento intrapartidario, consiste en la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde se definirá que tipo de sanción.
“Se pone una queja y se le llevan todos los elementos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; la comisión revisa si esta persona incurrió en la violación del estatuto y de los principios de Morena, y en función de eso puede emitirse una sanción que puede ser desde una amonestación hasta la pérdida de derechos partidarios”, explicó.
Precisó que, hasta el momento, el procedimiento intrapartidario sería únicamente contra Julio Vega Malindo, y no contra otros militantes o servidores públicos.
“Por lo pronto solo sería él, porque es el personaje que ha estado y además tiene un cargo emanado del movimiento”, indicó.
El dirigente estatal sostuvo que el conflicto social en torno al acueducto Solís–León es consecuencia de la falta de socialización del proyecto por parte del Gobierno del Estado, al señalar que no se informó ni se convenció oportunamente a la población sobre sus beneficios.
“El haber convencido a la gente de los beneficios de este proyecto era del Gobierno del Estado y no lo hizo; por eso creo que el asunto se les salió de las manos. Las protestas están ya a grado tal de que pudiera el proyecto abortarse o no ejecutarse porque el Gobierno del Estado no tuvo la contención política ni social para que este proyecto bajara a nivel de la población”, concluyó.
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