Diputados de Nuevo León exigen investigar falsificación de justificantes médicos e incapacidades
Los legisladores de todas las bancadas del Congreso de Nuevo León coincidieron en que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe investigar la situación a fondo.
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Los diputados de Nuevo León lamentaron que se lleven a cabo estas prácticas e instó al IMSS a investigar a fondo la situación. | Archivo
Luego de que se diera a conocer la existencia de un mercado ilegal de justificantes médicos e incapacidades falsas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diputados locales solicitaron a las autoridades que se investiguen a fondo estos hechos.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, pidió no solo al IMSS, sino también a las autoridades penales, investigar a fondo.
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“Sería lamentable que esto ocurriera y que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté validando justificaciones que puedan conseguirse en redes sociales. Hay que invitar al Instituto a que haga un análisis de a quién se le están otorgando estos documentos. Es una lástima que la gente abuse de este tipo de situaciones cuando hay tanta necesidad laboral en el país”, señaló.
Mario Soto, coordinador de Morena, expresó su desacuerdo y la necesidad de analizar el caso a fondo.
“No estamos de acuerdo con esta situación. Hay que revisarla y tomar medidas correspondientes para evitar abusos. Si alguien requiere una incapacidad, debe acudir a las instancias médicas oficiales”, comentó.
Miguel Ángel Flores, coordinador de Movimiento Ciudadano, coincidió en que debe investigarse a fondo.
“Esto debe denunciarse e investigarse. Las autoridades tienen que intervenir en las plataformas donde se ofrecen estos documentos. No podemos permitir que estos delitos se cometan impunemente”, declaró.
Por su parte, Perla Villarreal, coordinadora del PRD, solicitó la intervención de la Secretaría de Salud.
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“Pedimos que se tomen cartas en el asunto, que se investigue, especialmente por parte de la Secretaría de Salud, y que esto se detenga lo antes posible”, subrayó la legisladora.
Aunque esta práctica puede constituir un delito sancionado con pena de cárcel, la demanda de incapacidades falsas sigue en aumento.
Estos documentos se ofrecen fácilmente en redes sociales, a través de un sistema que parece ser más rápido y organizado que el de las instituciones oficiales.
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Cabe señalar que el Código Penal Federal contempla sanciones económicas y penales para quien falsifique o presente documentación falsa de los entes públicos.
El Artículo 243 de ese Código indica que el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días multa.
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará.
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