¡Hasta 2 mil pesos por pipa! Así operan redes de huachicol de agua en Edomex
FGJ Edomex identificó al menos 25 puntos de extracción y venta irregular de agua a través de la Operación Caudal.
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A través de la Operación Caudal en Edomex se investiga robo de agua. | Cuartoscuro
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) ha revelado la magnitud de un sofisticado esquema criminal dedicado a la extracción, transporte y comercialización ilegal de agua potable y no potable en diversas regiones.
Este delito conocido popularmente como huachicol de agua a derivado investigaciones consolidadas bajo la Operación Caudal, en la que se han documentado la existencia de una vasta red que opera sin concesiones ni permisos.
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Huachicol de agua aumenta los precios del abastecimiento de agua por pipa
Durante los actos de investigación preliminares de la Operación Caudal, la FGJ identificó al menos 25 puntos de extracción y venta irregular distribuidos en municipios clave del Valle de Toluca, el Valle de México y el sur del estado.
Estos sitios operan como centros de acopio y distribución ilícita, donde el precio del agua varía drásticamente, provocando que mientras el costo promedio regulado para diez mil litros es de mil 131 pesos, las redes criminales aplican sobreprecios.
De acuerdo con los reportes, el costo de una pipa puede oscilar entre 900 y 2 mil pesos, dependiendo de la zona donde se realice la venta y el grupo criminal que mantenga el control territorial.
Este sobrecosto resulta gravoso para la población; por ejemplo, en municipios como Ecatepec, el agua se vendía con un sobrecosto del 59 por ciento respecto a la tarifa oficial.
Mientras tanto, en Cuautitlán, el incremento alcanzaba el 41.4 por ciento, en Tlalnepantla el 32.4 por ciento, y en Toluca, casi un 10 por ciento adicional.
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¿Cómo operan redes de huachicol de agua en Edomex?
El patrón detectado por los investigadores en municipios como Chicoloapan, Toluca, Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Tepotzotlán es recurrente: pipas que llenan sus tanques en tomas y pozos sin contar con las concesiones o permisos.
De esta manera, las investigaciones permitieron ubicar 51 pozos y 138 tomas clandestinas, y se ha documentado que en varios inmuebles utilizados para la extracción se instaló infraestructura eléctrica y mecánica para sobreexplotar los pozos.
Una vez extraen el agua, el el líquido es trasladado en pipas de diversas capacidades, incluso unidades tipo tráiler, y se ofrecía a la población con sobreprecio.
Un elemento crucial en la operación de estas redes es la participación de líderes sindicales y agrupaciones de transportistas que controlan la distribución en amplias zonas del Estado de México.
Estas organizaciones obligaban a los compradores a contratar el servicio únicamente con transportistas afiliados a sus agrupaciones, identificables por logotipos y calcomanías en sus unidades.
Entre las organizaciones identificadas que operan como sindicatos se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME).
Además de Los 300 o Unión 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre, y La Chokiza.
Adicionalmente, se detectó la participación de comisariados ejidales y particulares, algunos de ellos actuando en complicidad con autoridades locales.
Además de la ilegalidad y el daño económico, las diligencias ministeriales revelaron un grave riesgo sanitario: el agua distribuida por estas redes no pasaba por procesos de potabilización adecuados.
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Operación Caudal va contra el huachicol de agua
Ante la magnitud del robo y la afectación al abasto público, el Gobierno estatal, en el marco de la Mesa de la Paz, planeó y ejecutó la Operación Caudal.
Desarrollada la madrugada del 24 de octubre de 2025, la acción fue simultánea en 48 municipios y contó con la participación coordinada de autoridades federales y estatales.
El objetivo principal fue interrumpir la cadena de comercio ilegal de agua y proteger el abasto destinado a la población.
Los resultados de la Operación Caudal fueron contundentes y se intervinieron 189 inmuebles presuntamente vinculados con la extracción, acaparamiento y venta ilegal.
Así mismo, la fiscalía solicitó 152 órdenes judiciales de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por jueces de control especializados.
Durante los cateos, se localizaron los 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de bombas, tinacos y equipos de distribución.
Además, se logró la detención de siete personas, quienes enfrentan cargos por delitos como extracción y comercialización de agua sin autorización, despojo, acaparamiento, encubrimiento y abuso de autoridad, conforme al Código Penal del Estado de México.
Entre los arrestados se encontraban personas acusadas de delitos contra el servicio público de agua, dos por portación de arma prohibida, y una persona en Lerma por ataque peligroso, quien habría disparado contra los agentes.
La FGJ ha asegurado que continuará con las investigaciones y ejercerá acción penal contra los operadores relevantes de las organizaciones que controlaban la distribución irregular.
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