"Pago a ejidatarios de San Baltazar se hará a la capacidad financiera del municipio": Mónica Silva
Los ejidatarios de San Baltazar Campeche estiman que la deuda asciende a mil 200 millones de pesos, aunque no existe aún una determinación judicial o administrativa que fije el monto definitivo.
El gobierno municipal de Puebla ha iniciado un proceso formal de conciliación con ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, quienes desde hace décadas reclaman la indemnización por terrenos expropiados y utilizados para el desarrollo de vialidades en la ciudad.
La disputa, que derivó recientemente en bloqueos viales en avenidas como bulevar Valsequillo y Las Torres, ha cobrado nueva relevancia al convertirse en una prioridad para la administración actual.
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La síndica municipal Mónica Silva Ruiz, confirmó en entrevista para TELEDIARIO que el ayuntamiento reconoce plenamente el derecho de los ejidatarios a ser compensados, aunque advirtió que cualquier pago deberá enmarcarse dentro de un procedimiento legal y administrativo y estar sujeto a la capacidad financiera del municipio.
“No tenemos el dinero en el cajón. No es una cuestión de voluntad, sino de ley y de orden presupuestal”, afirmó.
El Ayuntamiento de Puebla inició un proceso formal de conciliación con ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche que reclaman la indemnización por terrenos expropiados para vialidades.@AlbertoRuedaE
— Telediario Puebla (@TelediarioPUE) May 9, 2025
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La controversia se remonta a una expropiación realizada hace más de 40 años, pero fue en 2020 cuando los comuneros iniciaron un juicio de restitución ante el Tribunal Agrario. El fallo de 2023 reconoció sus derechos sobre los terrenos y obligó al municipio a pagar o restituir las tierras, hoy ocupadas por arterias viales de alta demanda.
Los ejidatarios estiman que la deuda asciende a mil 200 millones de pesos, aunque no existe aún una determinación judicial o administrativa que fije el monto definitivo.
Como parte de los acuerdos más recientes, el gobierno municipal y los representantes del ejido establecieron una tregua de 60 días hábiles sin bloqueos ni protestas, periodo en el que se desarrollarán tres mesas de seguimiento para definir los pasos a seguir.
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“Nuestro compromiso es garantizar sus derechos sin comprometer la viabilidad operativa del municipio”, señaló Silva Ruiz.
Este caso, uno de varios heredados por administraciones pasadas, pone en evidencia una deuda histórica con comunidades rurales cuyas tierras fueron absorbidas por el crecimiento urbano sin compensación adecuada.
“Es una situación que no sólo se limita a San Baltazar. Hay muchas expropiaciones en la misma condición”, reconoció la funcionaria.
AGA
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