Vinculan a proceso a tres implicados por fraude de Tamayo Capital
Tres presuntos implicados en el megafraude de Tamayo Capital fueron vinculados a proceso por fraude agravado y permanecerán en prisión preventiva.
Tras una audiencia inicial que se prolongó por casi seis horas en el Palacio de Justicia de Monterrey, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de tres personas presuntamente implicadas en el fraude cometido por la firma Tamayo Capital.
Los ahora procesados, identificados como Alejandro “N”, Dimarys “N” y Mario “N”, enfrentan cargos por el delito de fraude agravado.
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Luego de que la audiencia fuera diferida del pasado domingo 17 de mayo, esta se llevó a cabo la noche del miércoles 20 de mayo y terminó la madrugada del jueves 21 de mayo, la misma que definió la situación de los involucrados.
Tras dictar el auto de vinculación a proceso, se fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, con base en las investigaciones en hechos compatibles por el delito de fraude agravado.
Además, se dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar para los 3 imputados.
Al menos 60 denuncias señalan a la compañía Tamayo Capital por incumplir con el pago de rendimientos y devoluciones de capital en proyectos inmobiliarios en Nuevo León y otras entidades, como Querétaro.
Cabe mencionar, que Alejandro “N”, probable dueño de la compañía, fue detenido el pasado viernes en el estado de Querétaro, mientras que el sábado se informó sobre la detención de Mario “N” y Dimarys “N”.
El caso, que es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León bajo la supervisión del fiscal Javier Flores Saldívar, involucra una afectación económica superior a los 70 millones de pesos.
Hasta el momento, más de 60 inversionistas han denunciado haber sido defraudados por esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).
Tamayo Capital captaba recursos para supuestos desarrollos inmobiliarios en Nuevo León, Querétaro y Veracruz, prometiendo rendimientos anuales de hasta el 18 por ciento.
Sin embargo, desde hace aproximadamente un año, los clientes dejaron de recibir sus pagos y la devolución de sus capitales, que en muchos casos oscilaban entre los 500 mil y el millón de pesos.
Además de los directivos, la Fiscalía mantiene abiertas indagatorias sobre las prácticas de las notarías públicas números 3, 37 y 147.
Según los voceros de los afectados, Ramón Sierra y Eligio Roberto Tamez, estas notarías habrían avalado los contratos de inversión, por lo que exigen que también rindan cuentas ante la justicia.
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