7 de cada 10 ciudadanos no confían; así la crisis de transparencia que sacude a Nuevo León

Dos controversias recientes ponen bajo la lupa un problema sistémico en Nuevo León: el manejo de los recursos públicos.

El primer caso es el contrato de energía en Monterrey, una disputa con versiones encontradas que se arrastra por varias administraciones. 

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El segundo es la implementación del "impuesto verde" estatal, cuyos cobros a diversas empresas han sido cuestionados legalmente.

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿estamos ante actos apegados a derecho o frente al uso discrecional de recursos para beneficios particulares? 

La urgencia de transparencia no es una percepción aislada.

Según datos próximos a publicarse de la encuesta Así Vamos 2025, la mitad de la población considera que el gobierno no explica el destino del gasto público.

Más alarmante aún: 7 de cada 10 ciudadanos perciben que la corrupción es frecuente o muy frecuente.

Ante esta crisis de confianza, las autoridades no pueden seguir evadiendo el escrutinio. No es momento de rechazar ejercicios de evaluación como Alcalde Cómo Vamos ni de ignorar las demandas ciudadanas de información; rendir cuentas ya no es opcional.

Paralelamente, el Congreso local debe despertar y aprobar una Ley de Transparencia de vanguardia.

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Con instituciones debilitadas, Nuevo León tiene la obligación de recuperar el liderazgo en integridad gubernamental, un tema que, desafortunadamente, sigue siendo la principal mancha de la agenda pública.