Sobre el agua de Torreón

La madrugada del 13 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en Torreón a José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento (de la actual administración); a su esposa, Martha Rodríguez Romero, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, y a José Feliciano Hernández Hinojo, quien había trabajado como chofer y escolta de Pepe Ganem. 

La operación fue federal y, según la Fiscalía de Coahuila, las autoridades estatales ni siquiera participaron en el operativo.

Al momento de los primeros reportes, la FGR no había hecho públicos los delitos imputados ni los detalles de la causa penal. Posteriormente, medios locales reportaron que la investigación alcanzaba a cinco personas y que se hablaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Es importante subrayarlo: mientras no exista una resolución judicial, hablamos de imputaciones y de una investigación, no de culpabilidades demostradas.

Desde junio de 2025 existían denuncias relacionadas con presuntas irregularidades por más de 66 millones de pesos vinculadas con trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica y pozos de SIMAS Torreón. 

La denuncia llegó a la FGR y se solicitó también revisar la ruta financiera de los recursos. Pepe Ganem aparecía entre los señalados. Sin embargo, la propia información generada por los medios locales y nacionales advertía que la FGR no había confirmado inicialmente que las órdenes de aprehensión ejecutadas en septiembre estuvieran relacionadas con aquella carpeta.

Después, el senador Luis Fernando Salazar sostuvo que la investigación sí derivaba de aquella denuncia y afirmó que el seguimiento de los recursos había llevado a más personas. Esa es una versión atribuida al legislador y tendrá que ser contrastada con lo que formalmente presente la Fiscalía ante los tribunales.

Aquí es importante detenerse. La oposición de la administración actual es del partido Morena y esto se vuelve relevante a menos de un año de las elecciones para la renovación de ayuntamientos en el estado de Coahuila. 

Tiempo atrás se había señalado, se había advertido de probables malas prácticas por parte del segundo a bordo del entonces alcalde Román Cepeda, porque cabe destacar que una democracia no funciona con linchamientos políticos ni con absoluciones por simpatía. Funciona con expedientes, pruebas, jueces y el respectivo debido proceso. Pero tampoco funciona mirando hacia otro lado bajo ninguna circunstancia.

Desde que tengo uso de razón en México se construyó una cultura política donde el cargo público parecía otorgar una especie de “seguro contra las consecuencias”. Se podía dejar la oficina, cambiar de puesto, desaparecer de los reflectores y esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. A veces pasaba, otras veces no. Dependía del favor de “los de arriba”.

Pepe Ganem había dejado la Secretaría del Ayuntamiento en agosto de 2025 y, desde noviembre de ese año, ya sabía de la existencia de una orden de aprehensión; de tal forma, habría recurrido al amparo para intentar detener su ejecución. Un juez federal negó la suspensión definitiva en diciembre de ese mismo año.

Si la investigación termina vinculando formalmente las detenciones al manejo de recursos de SIMAS Torreón, las consecuencias podrían ir mucho más allá de las personas detenidas. Pero hay que separar lo confirmado de lo que todavía son versiones periodísticas.

El asunto podría obligar a revisar contratos, licitaciones, proveedores, transferencias y procedimientos administrativos del organismo. Y aquí está quizá la parte más delicada, si el dinero estaba destinado al mantenimiento de infraestructura hidráulica, cualquier irregularidad no solamente sería un problema contable; tendría una dimensión directamente relacionada con un servicio público esencial.

Si un juez determina responsabilidades y posteriormente se acredita un daño económico, podrían abrirse vías para recuperar recursos, asegurar bienes o determinar responsabilidades administrativas y penales, dependiendo de los delitos finalmente acreditados. 

Que una persona haya trabajado en determinada administración no significa que todos sus superiores o compañeros sean responsables. Para que la investigación llegue a otros funcionarios, tendría que existir evidencia individualizada de su participación. Esa distinción será fundamental.

Aquí el asunto de fondo. No se trata únicamente de si un exfuncionario termina procesado. La pregunta será cómo pudo desarrollarse una operación de esa magnitud sin que los controles municipales, las auditorías o los mecanismos internos la detectaran oportunamente, si finalmente se acredita que existió una irregularidad. 

Si la investigación demuestra que recursos destinados a pozos y equipos de bombeo fueron desviados, el caso adquiriría una dimensión social mucho mayor. Estaríamos hablando de dinero destinado a infraestructura necesaria para llevar agua a los torreonenses.

Algo que tampoco debe descartarse es que algunas acusaciones no logren sostenerse ante un juez. La detención no equivale a culpabilidad. El proceso tendrá que determinar qué delitos se imputan, qué pruebas existen y qué responsabilidad corresponde individualmente a cada acusado.

El asunto, entonces, no debería ser simplemente que “cayó un exfuncionario”. La pregunta es, ¿qué mecanismos de vigilancia funcionaron mientras estas personas estaban dentro del gobierno? Porque investigar después de que el dinero desaparece, de que un contrato se cuestiona o de que un funcionario abandona el despacho es necesario, pero insuficiente.

La verdadera rendición de cuentas comienza mucho antes: en las licitaciones, en los contratos, en las auditorías, en las declaraciones patrimoniales, en los controles internos y, sobre todo, en la capacidad de una institución para decirle que no a quien detenta el poder. Si no, ¿para qué carajos queremos una democracia?