La nueva era: dulzura inicial, amargura creciente

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En 2024, con Pablo Lemus en la gubernatura de Jalisco y Karla Planter Pérez como rectora general de la Universidad de Guadalajara, el guion prometía reconciliación. Lemus, exalcalde de Guadalajara, devolvió simbólicamente las escrituras del Edificio Arróniz, sede histórica de la UdeG, y Planter, destacada por su pragmatismo en CUAltos, evitó discursos beligerantes. Pero la tregua duró un suspiro. El detonante: otra vez, el poder y el presupuesto.

Lemus exige utilizar 200 millones del presupuesto universitario para obras de seguridad en preparatorias y centros universitarios, mediante la instalación de luminarias, cámaras de videovigilancia, señalización y campañas dirigidas a la comunidad estudiantil. No fue casual; fue una respuesta a la declaratoria de estado de alerta que emitió la casa de estudios por el supuesto incremento en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, ante el posible reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, tras la publicación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

La historia entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco es un espejo de México: una esgrima entre instituciones que oscila entre el conflicto y la coexistencia. Ayer, Planter fijó una nueva postura. Rechazó tajantemente la propuesta: “La única instancia que decide el destino de los recursos es el Consejo General Universitario”, dijo. E insistió en que “defenderá la autonomía cuantas veces sea necesario”.

Lemus enfrenta ahora el reto de gobernar sin confrontar a una universidad que educa a 335 mil estudiantes y emplea a 28 mil personas. El futuro dependerá de si prevalece la razón sobre la confrontación, como ocurrió en 2024, o si las “agendas personalísimas”, como las llamó en su momento el rector saliente Ricardo Villanueva, reavivan viejas batallas. Lo cierto es que sin la UdeG, la historia sociopolítica de Jalisco sería incomprensible.

En 2021, el entonces gobernador Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano, intentó recortar 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales y al Hospital Civil de Oriente, argumentando la urgencia sanitaria por la pandemia. Villanueva denunció el acto como un ataque ilegal a la autonomía universitaria y como una “decisión política” para debilitar a la UdeG. La crisis escaló: la universidad acusó al gobierno de violar la división de poderes y de montar un “falso debate” entre salud y educación. Pero, en un giro inesperado, en 2024 ambos líderes firmaron un acuerdo histórico: el Presupuesto Constitucional, que garantiza a la UdeG el 5% del presupuesto estatal anual y blinda su autonomía financiera. De ahí el enojo de Planter, que responde al enojo de Lemus tras la denuncia universitaria sobre las desapariciones forzadas de jóvenes cada vez más jóvenes.

Así, lo que comenzó como dulzura en esta nueva era, va en amargura creciente. Además de la propuesta de destinar recursos universitarios a obras urbanas, la UdeG recibió recientemente un acuse de recibo por una supuesta deuda millonaria de agua; la gestión del Hospital Civil de Oriente —proyecto emblemático de Villanueva— y diversos nombramientos han añadido más tensión al vínculo institucional.

La relación entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco ha sido, históricamente, un asunto de contrapesos, conflictos y reinvenciones. Fundada en 1792 como Real Universidad bajo el impulso de fray Antonio Alcalde, la UdeG ha sido un actor clave en la configuración política, cultural y social de Jalisco. Su historia está marcada por cierres y reaperturas durante el siglo XIX, reflejo de las pugnas entre liberales y conservadores, y por su consolidación en 1925 como institución pública bajo el ideario revolucionario. Sin embargo, su transformación en un verdadero contrapoder surgió en las últimas décadas del siglo XX bajo el liderazgo de Raúl Padilla López, figura emblemática que convirtió a la UdeG en un eje de resistencia frente a gobiernos estatales, fueran del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano.

Padilla no solo modernizó la estructura académica con la creación de la Red Universitaria en 1994, sino que tejió una red de influencia cultural —con la FIL y el Festival de Cine de Guadalajara— y política. Su muerte en 2022 dejó un vacío, pero también un legado: Ricardo Villanueva Lomelí, su sucesor, heredó una institución con peso electoral, capacidad de movilización y un presupuesto que superaba los 13 mil millones de pesos anuales. La UdeG se consolidó como un “Estado dentro del Estado”, capaz de desafiar al gobierno en turno.

Fue en ese contexto que decreció la figura de Enrique Alfaro, y emergió Pablo Lemus, con una historia distinta que lo deslindaba, al menos en apariencia, del gobernador anterior, aunque terminó como candidato al gobierno del estado por el mismo partido. Su estilo menos confrontativo y la llegada de la primera mujer a la rectoría de la UdeG hacían suponer una relación tersa. No para todos: especialistas advertían que la primera diferencia narrativa sobre la realidad de Jalisco bastaría para tensar la relación y hacerla estallar antes que recomponerla.

El Gobierno de Jalisco y la UdeG repiten un libreto escrito hace décadas, pero con actores nuevos. Planter, pragmática pero firme, enfrenta su prueba de fuego: defender el legado de Padilla sin caer en la polarización. Lemus, por su parte, intenta sacudirse el fantasma de las desapariciones y equilibrar su agenda urbana con el costo político de desafiar a una institución que, como dijo el exrector Carlos Briseño Zambrano, no es una universidad: es un pueblo armado de libros.

Por eso, el futuro de esta relación dependerá —otra vez— de si prevalece la razón sobre la confrontación, o si las viejas batallas, apenas disimuladas, vuelven a ocupar el escenario.