Reubican a todo un pueblo en Sinaloa para construir presa

El viejo pueblo de Santa María parece ya una aldea fantasma. Ni un alma camina ya por sus calles de terracería. El templo de la Purísima Concepción ya no tiene ni bancas ni imágenes religiosas: en junio, en solemne procesión, se llevaron a la virgen. Fue todo un acontecimiento.

Aunque todavía falta que sus antiguos habitantes saquen sus últimas pertenencias, como puertas, herrerías, tejas y algunas plantas, las casitas, de adobe, piedra y madera, ya están vacías, algunas cayéndose a pedazos por la antigüedad que pesa sobre ellas.

Santa María de Gracia es un pueblo que data del siglo XVI, pero hoy, está listo ─o casi listo─ para que el agua de la presa del mismo nombre, que se construye unos metros arriba, lo sepulte para siempre.

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De las 58 familias que habitaban allí, sólo queda la de una señora que no ha aceptado salirse de su vivienda para reubicarse en la nueva comunidad, construida por el gobierno del estado para desalojar el área que quedará inundada cuando se eche a andar la presa.

La presa Santa María, obra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es uno de esos proyectos heredados del sexenio anterior que el presidente Andrés Manuel López Obrador no desechó y, en cambio, ordenó acelerar para que esté lista en diciembre de 2023.

Unas tres veces al año, el mandatario visita la obra para supervisar su avance. Es un proyecto del que cada lunes se informa mediante un video en la conferencia matutina.

Bajo el agua de esa presa, que tendrá un embalse de 2 mil 352 hectáreas, un poquito menos que el tamaño de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, quedarán sumergidas las 58 viviendas del poblado, la iglesia, el panteón, las escuelas, la clínica y los árboles y campos de cultivo de maíz y ciruelas de quienes hasta inicios de este año todavía habitaban allí.

Es un pueblo antiguo, incrustado en la sierra sinaloense, casi olvidado, que ha ido desapareciendo, pues mucha de su gente ha migrado a otros estados y ciudades cercanas, por la falta de empleo y de oportunidades.

Para llegar a él desde el centro de Rosario, municipio al que pertenece, hay que recorrer casi dos horas, a velocidad de pickup, una carretera complicada, mitad pavimentada, mitad terracería, que serpentea solitaria entre la vegetación y atraviesa al menos dos arroyos ─que por su tamaño parecen ríos─, en uno de los cuales luce todavía un puente derruido por la crecida del agua de hace algunos años.

Un pueblo desplazado

Don Juan Silva Beltrán es uno de los habitantes más longevos de esta comunidad. Tiene 81 años. Al inicio de los 90, fue comisario municipal. En su gestión, logró instalar una telesecundaria para los hijos del pueblo. Después, emigró a Tijuana, en donde dejó a su primera familia, de ocho hijos. Y hace unos años, regresó a Santa María para volver a casarse. Ahora, planea morir aquí.

“Un día me preguntó un nieto que tengo en Tijuana algo que le dejaron de tarea: ‘Oye abuelo, quisiera que me platiques algo de la historia de tu rancho’. Le dije: ‘mira, yo nací en el rancho de Santa María, municipio de El Rosario, Sinaloa; allá, por cierto, está un proyecto de que se va a construir una presa, pero no se ve para cuándo, lleva como 40 o 50 años el proyecto, pero todavía no se ha dado’”, recuerda.

La idea de construir una presa para aprovechar las aguas del río Baluarte, que escurren por las montañas de la Sierra Madre Occidental, se planteó por primera vez hace más de 60 años.

En 1960 se hicieron los primeros estudios para explorar la viabilidad del proyecto de las presas de los ríos Baluarte y Presidio para beneficiar a las comunidades agrícolas de los municipios sierra abajo, Escuinapa y Rosario, pegados al mar.

Durante años, el plan estuvo detenido. Fue hasta 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la obra de la presa Santa María se echó a andar y el actual gobierno federal le ha dado continuidad para beneficio de más de 10 mil agricultores, especialmente de mango, de la región.

Sin embargo, en 2015, con el arranque de las obras, no se resolvió el futuro del pueblo que quedó ubicado en el cuerpo principal de la presa y que tarde o temprano tendría que moverse. En los cinco años del gobierno estatal de Quirino Ordaz, únicamente se comenzó la construcción del nuevo pueblo, pero la negociación y convencimiento social de los pobladores para mudarse quedó pendiente.

La socialización de la necesidad de desplazarse estuvo a cargo del subsecretario del actual Gobierno del estado de Sinaloa, Rodolfo Jiménez, en los primeros días de noviembre de 2021, cuando asumió el cargo el gobernador Rubén Rocha Moya.

“En esa primera reunión, ellos manifestaron resistencia al cambio, rechazo, no se iban a mudar al nuevo pueblo”, recuerda Jiménez. “Sin embargo, a través de la reunión fuimos desahogando las diferentes preocupaciones que tenían, que eran básicamente tres: que se resolviera el problema de la vivienda, el problema del agua, el problema del panteón y un cuarto, que era importantísimo, que era la iglesia”.

El gobierno estatal fue atendiendo cada una de las peticiones. En ese momento, las nuevas viviendas no estaban terminadas de construir, no existía la nueva iglesia y no había instalación de agua potable.

Hoy, las viviendas ya están terminadas y la iglesia se reconstruyó exactamente igual que la original. Se construyó un pozo de absorción, con sus tomas y un depósito de 70 mil litros para abastecer al pueblo. Sus calles ya están pavimentadas, cada vivienda tiene 800 metros cuadrados de propiedad, y cuentan ya con un orden por lote y manzana.

Se construyó un quiosco, las escuelas, un centro comunitario, una clínica y está en proceso una cancha de usos múltiples. Con eso, los viejos pobladores de Santa María aceptaron la mudanza. El gobierno ayudó con vehículos para el traslado de sus pertenencias. El 25 de mayo pasado se inauguró el nuevo pueblo y la gente comenzó su éxodo, más convencida de que tendrá mejores condiciones de vida.

“Yo aquí nací y aquí todo, pero me siento más a gusto allá arriba”, platica Silva, uno de los primeros en aceptar la mudanza. Su baño ya no está debajo de un árbol y ya tiene drenaje. Su cocina ya no es de leña y del techo ya no se le mete el agua cuando llueve.

“Algo que se van a llevar ellos siempre atesorado, es su tierra, es su terruño, debe ser un proceso doloroso, y por eso, el gobierno tiene que ser sensible y dar las condiciones para que cuando ellos emigren de su pueblo natal, no sufran tanto el extrañamiento de su tierra”, asegura José Luis Zavala, secretario de Obras Públicas del gobierno estatal. “Afortunadamente no van a quedar, como otros pueblos, lejos de su tierra, van a quedar a dos kilómetros de donde vivían, van a poder ver de vez en cuando algún vestigio de lo que fue su pueblo”, explica.

El funcionario destaca que la mudanza del pueblo era ya muy necesaria, pues con el desvío del río, se corre el riesgo de que, con una crecida, pueda desbordarse e inundar antes de tiempo la zona.

“Terminándose el proceso constructivo de la presa, se tumba la ataguía y se cierra el túnel y es cuando comienza el proceso de llenado de la presa. Eso puede tardar dependiendo de las avenidas de agua, de uno a dos años el llenado completo de la presa”, detalla.

La presa está programada para terminarse en diciembre de 2023. Mientras tanto, los pobladores del nuevo Santa María van adaptándose a su nueva vida, en espera de que, en los próximos meses, se concrete el último punto de sus peticiones: la mudanza del panteón, que requiere de un proceso largo de autorizaciones de la autoridad sanitaria.

“Tiene que durar menos de un mes, tenemos que hacerlo por día, se está pidiendo que sean 10 cuerpos que se trasladen por día, pero tiene que ser lo más rápido posible”, explica Claudia Valdez, presidenta municipal de Rosario, que será la encargada del éxodo de los restos fúnebres.

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