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FGR y SAT acusan a jueces federales en Jalisco por impedir la recuperación de 422 millones de pesos

La FGR acusa que las audiencias que solicitó para imputar a defraudadores y recuperar los 422 millones de pesos fueron agendas hasta el 2026.

Rubén Mosso Ciudad de México /

Una grave acusación ha sido lanzada por la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas importantes dependencias federales emprenderán acciones legales contra jueces federales en Jalisco, señalándolos por dilación en la programación de audiencias iniciales, específicamente por el caso de más de cientos de millones de pesos que se perdieron por fraude. 

Esta demora, que en algunos casos extiende los plazos hasta por un año, y está impidiendo que se impute a presuntos defraudadores, lo que conlleva que no pueda recuperarse una suma significativa: más de 422 millones de pesos que corresponden al fisco federal.

¿Cuál es la acusación contra jueces de Jalisco?​

La Fiscalía General de la República anunció que junto con la Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT, emprenderán acciones legales contra jueces federales de Jalisco, debido a la dilación o demora para agendar las audiencias iniciales que han solicitado, en las que se busca imputar a diversas personas que provocaron un daño al fisco por más de 422 millones de pesos.

La institución que preside el fiscal Alejandro Gertz Manero  informó que han pedido diversas audiencias iniciales, pero éstas les han sido agendadas con un plazo de 12 meses después a la fecha solicitada, cuando la ley establece que deben ser 15 días.

Lo anterior, mencionó, viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“…el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Jalisco ha agendado audiencias iniciales relacionadas con delitos fiscales y financieros con extrema e inusitada dilación, sin justificación legal alguna, llegando incluso al absurdo de señalar fecha de audiencia inicial 12 meses después de haber sido solicitada, quedando un daño irreparable al patrimonio Público Federal, representado por la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

Reiteró que el citado artículo señala que es obligación que dichas audiencias se lleven a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, el artículo 16 del citado Código, establece el derecho a la justicia pronta dentro del procedimiento.

“Un ejemplo repetitivo es el del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Jalisco, a quien se le ha solicitado citación al imputado para audiencia inicial en el mes de febrero de 2025 y señaló fecha para audiencia inicial hasta febrero de 2026”.

Detalló que la omisión de señalar fecha de audiencia inicial por más de 11 meses y medio después, constituye un solo caso de la comisión reiterada en 23 ocasiones de un delito contra la administración de justicia por parte del administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Complejo Penitenciario Puente Grande, ya que con ello ha impedido que se recuperen más de 422 millones de pesos por concepto de impuestos que se han dejado de pagar por parte de quienes defraudan al fisco federal.

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