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Estados Unidos revoca visas a decenas de políticos mexicanos en nuevo frente antidrogas; incluye a funcionarios de Morena y otros partidos

La falta de justificación formal en la cancelación de visas siembra preocupación entre los funcionarios mexicanos, quienes temen que la cancelación sea indicio de una investigación criminal en su contra.

Agencia Reuters Ciudad de México. /

El gobierno de Estados Unidos ha desatado una ola de inquietud en la élite política mexicana al revocar las visas de al menos 50 políticos y funcionarios del país, una medida que, según ex embajadores estadounidenses, no tiene precedentes en su escala. 

Esta acción se enmarca en la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de drogas y sus presuntos aliados en el ámbito gubernamental, marcando un significativo endurecimiento de la acción antinarcóticos de Washington.

¿Qué impacto ha tenido la revocación de las visas a funcionarios mexicanos? 

Fuentes oficiales mexicanas recabadas por la agencia Reuters confirmaron que la cancelación de visas es mucho más generalizada de lo que se había reportado previamente. 

Si bien en administraciones pasadas se había utilizado esta herramienta diplomática, ex embajadores como Tony Wayne (embajador de 2011 a 2015) indican que la magnitud actual es inédita, reflejando la disposición del presidente Donald Trump para emplear cualquier recurso en la consecución de sus objetivos de política exterior. 

Un político de alto rango reveló que la cifra supera los 50 miembros del partido Morena (en el poder) y docenas de funcionarios de otras fuerzas políticas, desatando una "conmoción silenciosa" en la clase política que frecuentemente viaja a territorio estadounidense.

Estrategia de presión contra el élite política

El movimiento apunta a un sector que históricamente se había considerado demasiado sensible para una acción diplomática tan directa. Este enfoque drástico es un claro indicador de que la administración de Donald Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México, tal como señalan expertos. 

La estrategia de seguridad se complementa con la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas, lo que permite que la inteligencia recabada por agencias como la DEA tenga un impacto directo en el estatus migratorio de los funcionarios.

A pesar de que solo cuatro funcionarios han confirmado públicamente la pérdida de su visa (incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien niega categóricamente vínculos con el crimen organizado), el Departamento de Estado se ha limitado a señalar que las visas "pueden ser revocadas en cualquier momento" por "actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos", sin necesidad de ofrecer explicaciones. 

La falta de justificación formal siembra preocupación entre los funcionarios mexicanos, quienes temen que la cancelación sea indicio de una investigación criminal en su contra.

Riesgos en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos

La ola de revocaciones, impulsada por figuras como el ex embajador Christopher Landau (quien se autodenominó en redes sociales como "El Quitavisas"), amenaza con complicar la ya tensa relación bilateral con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Aunque la presidenta ha optado por colaborar estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, ha condenado repetidamente cualquier sugerencia de acción militar unilateral en su territorio, defendiendo la soberanía mexicana.

Ex embajadores advierten que esta estrategia de alta presión podría ser contraproducente. Roberta Jacobson señaló que antes la cancelación se limitaba a casos con condenas o investigaciones criminales en curso. 

Por su parte, John Feeley advirtió que la política masiva de revocaciones podría generar un "efecto bumerán", donde la presidenta Sheinbaum termine considerando que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto en un contexto de negociaciones comerciales y de seguridad de alto nivel.

LG


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