El Salvador impone castigo histórico: hasta 397 años para pandilleros del Barrio 18
Autoridades salvadoreñas informaron que ocho integrantes del Barrio 18 fueron sentenciados a penas históricas por su participación en homicidios y múltiples delitos.
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La justicia salvadoreña impuso penas acumuladas a ocho miembros del Barrio 18 por su rol en homicidios y actividades criminales durante 2021 y 2022.
La justicia de El Salvador condenó a ocho miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel, tras ser vinculados con homicidios y otros delitos, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos cometidos entre 2021 y 2022, precisó la FGR en la red social X.
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Las condenas más altas fueron impuestas a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).
El resto de los pandilleros recibió penas que oscilan entre los 74 y 89 años de cárcel.
Entre los delitos que se les imputaron se encuentran privación de la libertad, así como extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
Desde marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una “guerra” contra las pandillas, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que ha generado críticas de organismos humanitarios.
Cuáles son datos duros de pandilleros en El Salvador
En El Salvador, el gobierno ha detenido a más de 90,200 presuntos pandilleros desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, según cifras oficiales.
De ese total, aproximadamente 8,000 fueron posteriormente liberados al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.
Las principales estructuras criminales identificadas por las autoridades son la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18: Sureños y Revolucionarios.
El gobierno de Nayib Bukele atribuye al régimen de excepción una reducción histórica en los homicidios, pasando de tasas superiores a 100 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015, a cifras oficiales que reportan menos de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023, una de las más bajas del continente.
El Estado también ha construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado una de las megacárceles más grandes y estrictas del mundo, con capacidad para 40 mil presos, destinado principalmente a miembros de pandillas.
Además, tribunales salvadoreños han impuesto condenas extremadamente altas a líderes pandilleros.
En casos recientes, cabecillas del Barrio 18 recibieron sentencias de 397, 180, 115 y 100 años de prisión, lo que refleja la estrategia judicial de acumulación de penas por homicidios, extorsión, privación de la libertad y otros delitos.
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Paralelamente, organismos internacionales han documentado miles de denuncias por detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción, lo que mantiene abierto el debate sobre el impacto real de estas medidas en la seguridad y los derechos humanos en el país.
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