Estado de Virginia en EU autoriza terapia de conversión en menores tras resolución judicial
Organizaciones defensoras de derechos LGBTQ+ expresan preocupación por el impacto del fallo en menores.
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El término “terapia de conversión” se refiere a una práctica científicamente desacreditada | Thomas Kern
Las autoridades del estado de Virginia anunciaron esta semana que no aplicarán de manera plena la ley estatal de 2020 que prohíbe la terapia de conversión para menores de edad.
La decisión forma parte de un acuerdo legal con un grupo conservador basado en la fe, el Centro de Leyes de Libertades Fundacionales, que había demandado al estado argumentando que la ley violaba derechos constitucionales.
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El acuerdo, conocido como decreto de consentimiento, fue firmado el mes pasado entre el Departamento de Profesiones de la Salud de Virginia y los demandantes, con representación de la Oficina del Fiscal General del estado.
Un juez del tribunal de circuito del condado de Henrico validó el acuerdo en junio. Como resultado, las autoridades estatales no castigarán a orientadores profesionales que ofrezcan terapias de conversación, incluso si estas son catalogadas como terapia de conversión, siempre que los pacientes participen de forma voluntaria.
¿Qué controversia ha provocado esta decisión?
Shaun Kenney, portavoz de la Oficina del Fiscal General de Virginia, celebró el resultado judicial.
???? BREAKING: A federal judge just struck down Virginia’s conversion therapy ban—a win for free speech & parental rights!
— The Family Foundation of Virginia (@TFFVA) July 1, 2025
Details here ➡️ https://t.co/4dixQgrvmL pic.twitter.com/MzAnhGzylX
“Esta acción judicial soluciona un problema constitucional con la ley existente al permitir la terapia de conversación entre orientadores y pacientes dispuestos, incluidos aquellos que luchan con la disforia de género. Este resultado, que simplemente permite la terapia de conversación dentro de los estándares de atención mientras preserva el resto de la ley, respeta los derechos de libertad religiosa y de expresión de los orientadores y de los pacientes”, declaró Kenney.
No obstante, defensores de los derechos LGBTQ+ y legisladores demócratas expresaron su descontento. El senador Scott Surovell, líder de la mayoría demócrata del Senado de Virginia y patrocinador de la ley de 2020, condenó el acuerdo alcanzado.
“Esta era una ley que se promulgó para salvar vidas. Todas las investigaciones, todas las organizaciones psiquiátricas profesionales han condenado la terapia de conversión. Dicen que no funciona y que es contraproducente”, afirmó el legislador en una conferencia virtual.
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La terapia de conversión ha sido ampliamente desacreditada por expertos médicos y psicológicos, quienes advierten sobre sus efectos nocivos.
Esta práctica busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona y ha sido prohibida en 23 estados de Estados Unidos, así como en el Distrito de Columbia, según el Movimiento de Avance del Proyecto (MAP, por sus siglas en inglés).
El fallo de Virginia se suma a una serie de batallas legales en torno a la prohibición de esta práctica en otros estados. En Wisconsin, la Corte Suprema estatal podría pronunciarse pronto sobre la legalidad de bloquear normativas que impiden la terapia de conversión.
Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos también tiene previsto abordar un caso en Colorado para determinar si los gobiernos estatales o locales tienen la facultad de hacer cumplir dichas prohibiciones.
El decreto de consentimiento en Virginia no se limita únicamente a los dos orientadores que presentaron la demanda, sino que aplica a todos los profesionales de la consejería en el estado, lo cual ha generado alarma entre activistas LGBTQ+.
Mientras el Centro de Leyes de Libertades Fundacionales celebra el acuerdo como una victoria constitucional, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que podría abrir la puerta a prácticas que ya han sido condenadas por la ciencia y la medicina.
“Estamos agradecidos con los demandados en este caso y con el fiscal general, quien hizo lo correcto al ponerse del lado de la Constitución”, indicó el centro legal en un comunicado.
Sin embargo, para quienes luchan por la protección de jóvenes LGBTQ+, el acuerdo representa un retroceso preocupante en la lucha por su seguridad y bienestar.
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