Latinos enviados al Congo por Trump regresan a sus países pese a riesgos de persecución
Abogados defensores denuncian que estas tácticas funcionan como un vacío legal para forzar retornos indirectos, ignorando las protecciones judiciales previas.
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Actualmente, organizaciones internacionales facilitan estos traslados mientras persisten disputas legales sobre la legitimidad de estas deportaciones.
Más de la mitad de los 15 latinoamericanos que fueron deportados en abril a la República Democrática del Congo, bajo una controvertida política de la administración de Donald Trump, ya han regresado a sus países de origen.
Este retorno ocurre a pesar de que jueces de inmigración en Estados Unidos determinaron previamente que estas personas enfrentarían una probable persecución en sus naciones natales.
Según defensores de derechos humanos y abogados, este mecanismo de enviar migrantes a terceros países africanos funciona como una herramienta de presión para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo a volver a las situaciones de riesgo de las que huyeron.
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El programa de Retorno Voluntario y la presión sobre los migrantes
De los 15 migrantes enviados inicialmente al Congo, ocho han regresado a sus países en semanas recientes: cuatro peruanos y cuatro colombianos (uno por cuenta propia y tres mediante asistencia).
La mayoría utilizó el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el cual cubre los costos logísticos para quienes consienten volver a su hogar como alternativa a permanecer en el país africano.
Sin embargo, la abogada Alma David, quien representa a parte del grupo, cuestiona la verdadera "voluntariedad" de estos retornos:
"El hecho de que hayan optado por regresar allí de todos modos plantea serias preocupaciones de que se sintieron acorralados porque no se les presentó ninguna alternativa viable".
Esto sugiere que las condiciones en el Congo o la falta de futuro en un tercer país desconocido terminaron quebrando la resistencia de personas que la justicia estadounidense ya había reconocido como vulnerables.
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Estrategia de terceros países: Acuerdos secretos de deportación de la era Trump
El caso del Congo no es un incidente aislado. Se trata de uno de al menos ocho países africanos con los que el gobierno de Trump alcanzó acuerdos, a menudo secretos, para recibir deportados que no son sus ciudadanos.
Defensores de los migrantes denuncian que estas maniobras son un "resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen", evadiendo así las protecciones legales de los tribunales estadounidenses.
Bajo estas políticas, miles de personas han sido enviadas a casi dos docenas de países ajenos. Mientras tanto, el gobierno congoleño ha defendido el proceso, afirmando que los hechos "confirman el carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo de este mecanismo" y adelantando que se producirán más salidas pronto.
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Desacato judicial y violaciones a los derechos humanos de los solicitantes de asilo
La situación de Adriana María Quiroz Zapata, una ciudadana colombiana, ilustra la rigidez y el posible desacato de estas políticas. A pesar de que un juez federal ordenó al gobierno de Trump regresarla a Estados Unidos el mes pasado, Quiroz permanece en el Congo.
Fue deportada a pesar de que el país africano inicialmente se negó a aceptarla porque no podía cubrir sus necesidades médicas. Este patrón de conducta ha llevado a acciones legales a nivel continental.
Recientemente, se presentó un caso contra Guinea Ecuatorial ante el principal organismo de derechos humanos de África, acusando a dicha nación de colaborar con Estados Unidos para obligar a los deportados a regresar a sus países de origen, violando sus derechos fundamentales.
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