Pareja es condenada tras haber torturado y asesinado a un niño indígena de 12 años que estaba a su cargo
El caso también reveló graves fallas en el sistema, ya que tanto el médico de familia, Graeme Duncan, como la trabajadora social, Stefanie Peachey, ignoraron múltiples señales de alarma.
La justicia en Ontario, Canadá, ha dictado sentencia contra Brandy Cooney y Becky Hamber, una pareja que se declaró culpable del asesinato y la prolongada tortura de un niño indígena de 12 años que estaba bajo su cuidado.
El menor, identificado como LL en los procedimientos judiciales, fue víctima de un maltrato sistemático que culminó en su trágica muerte, un caso que también expuso las alarmantes deficiencias de los profesionales de la salud y los servicios sociales.
LL, junto con su hermano menor, JL, habían sido reubicados en 2017 desde un centro de acogida en Ottawa a la vivienda de Cooney y Hamber, quienes tenían planes de adoptarlos. Sin embargo, el proceso de adopción nunca llegó a concretarse y, en cambio, los niños vivieron años de confinamiento y abuso.
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      El horrendo descubrimiento
El 21 de diciembre de 2022, el pequeño fue encontrado inconsciente en el sótano de la casa. Estaba empapado y en un estado de extrema demacración. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida en el hospital, falleció poco después.
La investigación subsiguiente reveló la magnitud de la negligencia: las autoridades determinaron que el niño había detenido su crecimiento e incluso había perdido estatura y peso durante sus últimos años.
Prospective adoptive parents Brandy Cooney and Becky Hamber facing First Degree Murder, and Failure to Provide the Necessaries of Life charges in connection to the death of a 12-year-old Indigenous child in 2022. #burlon #burlington
— Homicide Canada (@homicide_canada) March 2, 2024
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Los informes periciales indicaron que, al momento de su muerte, LL pesaba menos de lo que pesaba a los seis años de edad, una prueba irrefutable de un cuadro de desnutrición severa y crónica.
El proceso judicial subsiguiente no solo se centró en la crueldad de las cuidadoras, sino también en las omisiones que facilitaron la tragedia. El tribunal escuchó los testimonios del médico de familia, Graeme Duncan, y de la trabajadora social, Stefanie Peachey, quienes, por error o negligencia, no lograron evitar el fatal desenlace.
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      Indignante: Señales de alarma fueron ignoradas por el médico
El Dr. Duncan, quien brindó atención a LL y JL a partir de 2018, admitió ante el tribunal que había notado la pérdida de peso de LL. Sin embargo, el médico minimizó la situación, alegando que percibía al niño como "normal" y "educado", sin profundizar en la gravedad de su deterioro físico.
Según su relato, se basó en la información proporcionada por Cooney y Hamber, quienes le aseguraron que el menor padecía un trastorno alimenticio y vomitaba diariamente.
Confiando en esta versión, el Dr. Duncan solo emitió una derivación a una clínica especializada. Él reconoció no haber realizado un examen físico completo, ni haber evaluado indicadores vitales de desnutrición, como la presión arterial o la masa corporal.
La defensa, representada por Monte McGregor, argumentó que el médico tuvo “múltiples oportunidades de salvarlo” y calificó la situación del niño como una “bomba de tiempo” que inevitablemente detonó por la inacción profesional.
La trabajadora social Stefanie Peachey también ofreció un testimonio que evidenció graves fallas en la supervisión. Peachey confesó haber notado una señal de alerta cuando observó al hermano menor de LL atado con bridas a su ropa.
 A pesar de esta clara evidencia de maltrato, ella no interpuso una denuncia, limitándose a registrarlo como una "señal de alerta" en sus archivos.
Adicionalmente, Peachey reveló los métodos de control de la pareja, quienes le solicitaban no hacer preguntas directas a los niños y sugerían que negarles las sesiones de seguimiento era un método apropiado de castigo.
También se detalló que, como medida de confinamiento, los menores eran forzados a dormir en tiendas de campaña dentro de la vivienda, y que sus habitaciones estaban cubiertas con lonas, un método que ella misma describió como "más abusivo que terapéutico".
Las alarmas se habían encendido mucho antes. Ya en 2019, un equipo médico había enviado una carta a la Sociedad de Ayuda a la Infancia (CAS) advirtiendo sobre el estilo de crianza de Cooney y Hamber, calificando su comportamiento como "explosivo" y desprovisto de empatía. Pese a estas serias advertencias de profesionales, los niños permanecieron bajo la tutela de la pareja.
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      La declaración de culpabilidad
Finalmente, Brandy Cooney y Becky Hamber se declararon culpables de asesinato en primer grado por la muerte de LL.
Esta admisión de culpabilidad abarcó también otros cargos graves, incluyendo confinamiento ilegal, agresión con arma (refiriéndose a las bridas utilizadas para atar a los niños) y la falta de proporcionar los cuidados esenciales para el hermano menor, JL.
La condena por el asesinato de LL cierra un capítulo doloroso, pero deja al descubierto la necesidad urgente de reformar los protocolos que fallaron en la protección de este niño indígena.
En México, precisamente en Jalisco, durante este 2025 se han intensificado bastante llas llamadas de denuncias de maltrato infantil, por lo que las autoridades se mantendrán en alerta ante estos casos al menos en territorio mexicano.
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