Se frena el 'greenwashing' en México: alistan multas de hasta 5.5 mdp

El Gobierno federal pondrá lupa a las empresas que utilicen el greenwashing (práctica) para disfrazar productos, servicios o actividades empresariales como amigables con el medio ambiente sin sustento real, al establecer un cerco regulatorio cada vez más estricto en México.

Las empresas que incurran en esta conducta se exponen a sanciones legales, pérdidas económicas y daño reputacional, advierten especialistas de la firma legal Santamarina+Steta.

Elena Ocampo, asociada del despacho, señaló que el greenwashing ya genera riesgos concretos en México: 

“A partir de la publicación de la Taxonomía Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedaron establecidos criterios de medición y, por lo tanto, de regulación”.

Lo anterior, dijo la especialista, incluye actualmente auditorías por parte de la ONU.

La Taxonomía Sostenible clasifica las actividades económicas según su impacto ambiental y social.

“Sirve como base para regular las finanzas sostenibles en el país”, explicó.

También destacó que estos esfuerzos son especialmente relevantes para los inversionistas vinculados al nearshoring, quienes exigen el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

“Ya hay una cobertura de vigilancia transversal diseñada para proteger al consumidor, a la sociedad y a los recursos naturales del país”, indicó.

Esta vigilancia involucra a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras instancias.

La especialista también precisó que el social washing cuando una empresa exagera o falsea su impacto social positivo también está bajo la lupa.

Por su parte, Emilio Gaytán advirtió que muchas empresas pueden estar incurriendo en greenwashing sin saberlo.

“Si las buenas intenciones no están bien sustentadas con evidencia y trazabilidad, se pueden convertir en multas o clausuras de proyectos. Las empresas necesitan acompañamiento jurídico para revisar tanto sus actividades como las de sus cadenas de producción. Hay riesgos legales que no estamos viendo”, afirmó.

Esos riesgos son cuantificables. La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026, crea el distintivo nacional de Economía Circular, cuya obtención exige acreditar criterios verificables de aprovechamiento sustentable de recursos. La misma ley prohíbe generar o utilizar información falsa sobre los atributos ambientales de productos.

Quienes presenten datos engañosos ya sea para obtener el distintivo o para aparentar un desempeño ambiental que no tienen enfrentará multas de entre tres mil 300 y cinco millones 500 mil pesos, o bien, la clausura temporal o definitiva, e incluso arresto administrativo. En caso de reincidencia, la multa puede triplicarse.

​achm