Estiman que más de 10 mil personas ejercen el trabajo sexual en Jalisco y el 39 por ciento carece de servicios de salud
Organismos civiles estiman entre 10 mil y 12 mil personas dedicadas al trabajo sexual en Jalisco bajo condiciones de vulnerabilidad.
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Rreportan que ocho de cada diez mujeres trans en el sector sufren agresiones físicas
En el estado de Jalisco, miles de personas ejercen el trabajo sexual bajo condiciones de vulnerabilidad y falta de derechos. Organismos internacionales estiman que la cifra de personas dedicadas a esta labor oscila actualmente entre las 10 mil y 12 mil individuos.
Esta actividad ocurre principalmente en Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Archivos previos sobre el tema indican que, pese a su visibilidad, las trabajadoras sexuales enfrentan abandono institucional.
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¿Qué riesgos de salud y seguridad enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual?
Según el Consejo Estatal para la Prevención del VIH, el 39 por ciento de este sector no cuenta con servicios médicos. Además, el 65 por ciento de estas personas reporta haber sufrido discriminación directa en hospitales o clínicas públicas del estado de Jalisco.
La seguridad representa otro desafío crítico, ya que más de la mitad de las trabajadoras sexuales reporta extorsión policial. Un tercio del sector ha denunciado haber sufrido agresiones físicas o de carácter sexual durante el desempeño de sus labores.
El panorama de violencia es severo para las mujeres trans, pues ocho de cada diez han sido víctimas de agresiones. Esta población enfrenta una precarización que impacta directamente en su integridad física y emocional dentro de los espacios públicos del estado de forma recurrente.
Ana Victoria Morales, especialista de la Universidad de Guadalajara, señala que este sector comparte una realidad de acoso constante. Las trabajadoras enfrentan burlas y violencias sexuales de forma cotidiana sin que existan mecanismos de denuncia efectivos para proteger su integridad y sus derechos humanos.
¿Cómo se divide el debate sobre la regulación o abolición de esta actividad?
La discusión institucional sobre el trabajo sexual se divide en dos posturas principales: la regulacionista y la abolicionista. Ambas visiones buscan atender la problemática desde marcos teóricos opuestos que impactan directamente en el diseño de las políticas públicas y las leyes estatales vigentes.
El enfoque regulacionista propone que esta actividad sea reconocida formalmente como un trabajo para garantizar derechos básicos. Según Morales Barajas, esto permitiría que quienes la ejercen accedan a seguridad social y cuenten con un marco legal de protección ante cualquier abuso de autoridad.
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Por otro lado, la visión abolicionista busca erradicar la práctica al considerarla un reflejo de desigualdades estructurales. Esta postura obliga a cuestionar las carencias económicas que empujan a miles de personas hacia esta labor.
Más allá de estas diferencias, especialistas coinciden en la urgencia de garantizar una vida libre de violencia para todas. El reto para Jalisco radica en escuchar a los grupos afectados para diseñar soluciones que respeten sus derechos fundamentales y su propia dignidad humana.
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