Nuevo León registra su cifra más alta de abuso de autoridad en casi dos años
En septiembre, Nuevo León registró 183 denuncias por abuso de autoridad, el número más alto en casi dos años.
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Todos los meses del año han superado las cien denuncias por abuso de autoridad, según cifras oficiales del estado de Nuevo León | Foto: Cuartoscuro
Durante el mes de septiembre, el estadode Nuevo León registró un total de 183 delitos de abuso de autoridad, de acuerdo con las estadísticas emitidas por la Fiscalía General de Justicia estatal, siendo esta la cifra más alta reportada en los últimos 23 meses dentro de la entidad.
De hecho, no se presentaba un número tan elevado desde octubre de 2023, mes en el que se contabilizaron 184 carpetas de investigación relacionadas con denuncias por abuso de autoridad, superando por una sola incidencia el registro más reciente.
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Los datos oficiales también reflejan que, durante septiembre, este delito tuvo un incremento del 60.52 por ciento en comparación con el mes de agosto del presente año, al pasar de 114 a 183 casos, además de representar un aumento del 56.41 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, cuando se reportaron 117 denuncias por el mismo motivo.
De igual forma, resaltar que en los primeros nueve meses del año 2025, un lapso de 273 días, se acumularon en Nuevo León mil 129 delitos por abuso de autoridad, lo que equivale a una media diaria de 4.14.
De acuerdo con la Fiscalía, en el año 2025 todos los meses cerraron por arriba de los cien delitos de este tipo, tras los 126 en enero, 118 en febrero, 115 en marzo, 112 en abril, 113 en mayo.
Así como 139 en junio, 109 en julio, 114 en agosto y 183 en septiembre.
Preciso mencionar que el Código Penal del estado de Nuevo León indica, entre otros aspectos, que comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público que para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución jurídica, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con este objeto.
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O, que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare.
Asimismo, que ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución.
Siendo responsable de una fuerza pública y requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue ilícitamente a dárselo o retrase el mismo injustificadamente; que teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denuncie; que habiendo ejecutado una orden judicial de aprehensión, no ponga al inculpado a disposición del juez que la liberó; que obligue al inculpado a declarar usando la incomunicación o la intimidación.
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