Congreso de Guanajuato rechaza por quinta ocasión despenalización del aborto
Entre gritos de "Guanajuato es provida", el congreso local rechazó por quinta ocasión la despenalización del aborto con 19 votos a favor y 17 en contra.
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El Congreso del Estado de Guanajuato sometió a votación por quinta ocasión en un lapso de siete años la iniciativa para despenalizar el aborto volunta
Entre gritos de "Guanajuato es provida", el congreso local rechazó por quinta ocasión la despenalización del aborto con 19 votos a favor y 17 en contra.
Este jueves 4 de diciembre, el Congreso del Estado de Guanajuato sometió a votación por quinta ocasión en un lapso de siete años la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario.
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Se sometieron a votación tres dictámenes. Dos de ellos corresponden al grupo parlamentario de Morena, uno presentado por la diputada Eugenia García Oliveros y otro por la diputada Edith Moreno Valencia; el tercero fue presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza.
Dentro de este marco se reconoce la autonomía reproductiva, que comprende la capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre la vida reproductiva por parte de las mujeres.
Con base en el resumen técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los derechos humanos vinculados a la autonomía y la integridad corporal en el ámbito de la sexualidad y la reproducción garantizan que mujeres y niñas puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sexual. Para ello, los gobiernos deben respetar, proteger y cumplir una serie de derechos sexuales y reproductivos.
Respetar implica que los gobiernos eviten interferencias directas en el ejercicio de los derechos y que revisen o eliminen leyes que limiten el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva o a información sobre sexualidad. Proteger establece que los gobiernos deben impedir injerencias de terceros, impulsar educación para transformar normas sociales y ofrecer mecanismos de reparación ante violaciones. Cumplir requiere que los gobiernos generen condiciones para que los servicios de salud sexual y reproductiva estén disponibles, sean accesibles y de calidad, sin discriminación.
La iniciativa señala que existen distintas manifestaciones que vulneran la autonomía corporal y reproductiva, desde impedir el uso de anticonceptivos hasta relaciones sexuales no deseadas a cambio de sustento, agresiones por orientación sexual o identidad de género y restricciones a la autodeterminación de personas con discapacidad.
Respecto a la regulación del aborto, indica que la permanencia de su tipificación como delito mantiene el estigma asociado al procedimiento y puede llevar a que las mujeres oculten su situación o retrasen la atención médica. Establece que regular el aborto no implica promoverlo, sino reconocerlo como una realidad social que, bajo un marco regulado, evita que mujeres y personas gestantes sean tratadas como responsables de un delito.
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Además, refiere que en Guanajuato el aborto inducido continúa tipificado como delito, con sanciones de seis meses a tres años de prisión. Las excepciones aplican cuando el embarazo es producto de una violación o representa un riesgo para la salud de la mujer.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que la Suprema Corte de Justicia determinó que el Código Penal de Guanajuato contiene disposiciones que vulneran derechos, por lo que consideró necesario que el Congreso realice las reformas correspondientes. Expuso que su postura busca evitar la criminalización de las mujeres y reducir la mortalidad materna.
“Acaso no debería ser suficiente que ya la Suprema Corte de Justicia nos haya dicho que nuestro código penal es violatorio de derechos para que lo reformemos, ¿no sería eso lo más responsable de nuestra parte como legisladores? Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de criminalizar y perseguir, busco que se nos deje de perseguir, disminuir la mortalidad materna”, dijo.
Por su parte, la diputada Karol Jared González Márquez afirmó que su postura está centrada en la defensa de la vida desde la concepción. Señaló que en el estado no hay mujeres encarceladas por abortar y que, desde su perspectiva, mantener las disposiciones actuales permite que las autoridades actúen ante posibles casos de explotación o abuso.
“No se trata de restringir libertades, sino de mantener las herramientas legales que permitan proteger a las mujeres de quienes las explotan o abusan de ellas y de quienes podrían lucrar con la vida de un ser que está por nacer. No se trata de un castigo, sino de asegurar que las autoridades puedan investigar y actuar contra esas redes”, afirmó.
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