Pago por kilómetro no fue aprobado por Comité Técnico: Consejo Cívico de Nuevo León
A través de un comunicado, el organismo ciudadano cuestionó la falta de claridad y transparencia en las decisiones en materia de movilidad por parte del Gobierno estatal.
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La aplicación de este sistema de peaje generó incentivos perversos | Archivo
El Consejo Cívico calificó como un paso necesario la cancelación del modelo de pago por kilómetro implementado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA), al tiempo que señaló que dicho esquema no fue aprobado por el Comité Técnico correspondiente.
A través de un comunicado, el organismo ciudadano cuestionó la falta de claridad y transparencia en las decisiones en materia de movilidad por parte del Gobierno estatal.
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"El nuevo esquema de pago, que ahora incluye la variable de pasajeros transportados, tiene el potencial de alinear mejor los incentivos con la calidad del servicio y reducir la evasión de ingresos, aún no ha sido validado por el Comité Técnico ni se han publicado sus reglas operativas."
Además, advirtió que la aplicación de este sistema de peaje generó incentivos perversos, afectaciones en la operación del transporte y un impacto significativo en las finanzas del sistema.
“Se desconoce si generará un impacto positivo en la prestación del servicio y, en su caso, cuál sería su magnitud”, manifestó.
Acusaron que tampoco se ha clarificado cómo se evitará volver a caer en fallas del pasado, como la competencia entre camiones en una misma ruta o el resurgimiento de la "guerra del centavo".
“No solo afectaría a los usuarios, sino que también podría mantener o incrementar tensiones financieras que aumenten el estrés del sistema y de los recursos públicos involucrados”, explicó.
Como organismo, subrayaron, hicieron un llamado a las autoridades estatales a transformar la forma en que se toman las decisiones públicas, basándose en evidencia, datos e indicadores.
“Se necesita como mayor apertura y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La gestión de la movilidad en nuestro estado debe aspirar a los niveles de profesionalismo y estándares operativos que ya existen en otras ciudades del país, e incluso en capitales como Londres, París o Nueva York para llegar a ser una metrópoli que realmente garantice el derecho a la movilidad”, apuntaron.
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El modelo de pago por kilómetro, explicaron, no es inadecuado, pero fue aplicado de manera equivocada.
“Nos preocupa que el nuevo esquema de pago, más allá de carecer de respaldo público, se construya sin la fortaleza institucional necesaria para garantizar su adecuada operación, transparencia y sostenibilidad. El modelo anterior, al transferir todo el riesgo financiero al estado sin exigir compromiso de calidad a los transportistas, demostró ser ineficaz y los usuarios pagaron el alto costo de esta decisión tomada en el año 2021”, declararon.
Las proyecciones de ingresos realizadas por el IMA, acusaron, fueron irreales al estimar 800 pasajeros diarios por unidad, cuando en la práctica local, dijeron, 400 es una cifra elevada.
Consejo Cívico señaló que la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar la calidad del servicio por parte de los transportistas resultó contraproducente, al considerar que no son propietarios de las unidades.
Al operar vehículos arrendados por el gobierno a empresas privadas, insistieron, y siendo estas últimas las responsables del mantenimiento, se generó una desconexión entre la operación diaria y el estado físico de las unidades.
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