¡Hasta 40 años de prisión! Congreso de Jalisco analiza, ajusta y alinea sus leyes para la reforma federal contra la extorsión
El Congreso de Jalisco dio un paso clave para actualizar su marco legal en materia de seguridad, tras aprobar cambios que modifican la forma en que se persigue la extrosión.
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Durante la sesión extraordinaria en la que se aprobó la armonización de la reforma federal en materia de extorsión | Foto: Especial
La armonización en Jalisco de la reforma a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada previamente por el Congreso de la Unión, tiene como objetivo unificar y fortalecer el marco legal para combatir este delito en todo el país.
Con estos cambios, las sanciones contra quienes cometan extorsión podrán alcanzar hasta 42 años de prisión, dependiendo de las agravantes que se acrediten.
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Extorsión pasará al ámbito federal
La reforma busca establecer criterios homogéneos en la tipificación del delito y en las penas aplicables, además de mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
De acuerdo con lo aprobado, se pretende cerrar vacíos legales que anteriormente permitían diferencias en la persecución del delito entre entidades federativas.
La diputada local de Morena, Norma López Ramírez, explicó que con la armonización legislativa el delito de extorsión dejará de estar tipificado en el Código Penal de Jalisco, por lo que las denuncias deberán presentarse directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quitamos el delito de extorsión, ya no está y hacemos otro en el cual se agrega otro tipo de delitos como el abuso de autoridad que tienen algunos elementos de seguridad pública y que molestan a ciudadanos sin tener justificación y que puede haber una privación ilegal de la libertad”, señaló la legisladora.
La diputada detalló que la sentencia base para el delito de extorsión será de 15 a 25 años de prisión; sin embargo, cuando existan agravantes como el uso de violencia, amenazas reiteradas, participación de servidores públicos o afectaciones graves a las víctimas.
Se podrán sumar hasta 17 años adicionales, alcanzando un máximo de 42 años de cárcel.
Entre los puntos centrales de la reforma se incluyen mecanismos de protección a la identidad de los denunciantes, con el fin de reducir riesgos de represalias, así como esquemas de cooperación interinstitucional que faciliten la investigación y persecución del delito a nivel nacional.
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“Presentas la denuncia y se va directo a la Fiscalía General de la República para que den inicio las indagatorias, pero ya tiene que ser a nivel federal”, añadió López Ramírez.
La armonización de esta reforma fue aprobada en el Congreso de Jalisco durante una sesión extraordinaria realizada la madrugada del 16 de diciembre, con 37 votos a favor, consolidando la alineación del marco legal estatal con la legislación federal en materia de extorsión.
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