CEDH Jalisco emite recomendación por graves violaciones en casos de desaparición
Las principales irregularidades que señaló la CEDHJ incluyen omisiones en la búsqueda, falta de información a familiares, negligencia en investigaciones y revictimización.
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El Ministerio Público y el área especilizada en desapariciones de la Fiscalía fueron los principales señalados. | Especial
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha emitido una contundente recomendación, revelando graves violaciones a los derechos humanos. Estas están ligadas a la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023, en 13 municipios del estado.
La recomendación detalla deficiencias alarmantes en autoridades clave como el Ministerio Público y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Se destacan omisiones en la búsqueda, falta de información a familiares, negligencia en investigaciones y revictimización de quienes buscan a sus seres queridos
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¿Qué dijo la CEDHJ sobre las desapariciones?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación por múltiples violaciones de derechos humanos relacionadas con la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023, en 13 municipios del estado.
La #CEDHJ emite la #Recomendación 13/25 que concentra 50 quejas relacionadas con la desaparición de 52 personas.
— CEDH en Jalisco (@CEDHJ) May 30, 2025
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Se documentaron deficiencias graves en la actuación de autoridades como el Ministerio Público, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y la Comisión de Búsqueda de Personas. Entre las víctimas, 11 fueron localizadas sin vida.
Las principales irregularidades incluyen omisiones en la búsqueda, falta de información a familiares, negligencia en investigaciones y revictimización. En un caso, la identificación forense se retrasó más de siete años.
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También se acreditó una desaparición forzada en Sayula, y omisiones graves en Tomatlán.
Con el objetivo de garantizar justicia, verdad y no repetición, la CEDHJ pidió a las autoridades involucradas que inscriban a las víctimas indirectas en los registros estatales y nacionales, reparen el daño, capaciten a su personal en derechos humanos y protocolos de desaparición, y sancionen a los servidores públicos responsables.
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