Fiscalía Anticorrupción investiga a 12 funcionarios por omisiones en el Rancho Izaguirre
Los servidores públicos investigados pertenecen a los campos de Ministerio Público, la Policía de Investigación y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
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Los funcionarios se suman a una extensa lista de investigados por el Rancho Izaguirre. | Telediario Especial
Las investigaciones en torno a todo lo sucedido dentro del Rancho Izaguirre siguen su curso. Recientemente, ocho personas fueron vinculadas a proceso, mientras que el exalcalde de Teuchitlán ya ha comparecido ante la justicia; sin embargo, los hechos aún no se han resuelto y la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco mantiene bajo la lupa a 12 servidores públicos.
Los funcionarios investigados se mantienen bajo sospecha de omisiones y negligencias cometidas durante una de las inspecciones en el rancho de adiestramiento.
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¿Quiénes son los funcionarios investigados?
El caso involucra a personal de diversas áreas como el Ministerio Público, la Policía de Investigación y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz explicó en entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO que se detectaron diversas inconsistencias en el manejo de la escena del crimen.
“Encontramos una serie de irregularidades, una serie de actuaciones que dejaron de llevarse con la debida diligencia que nos exige la ley”, puntualizó.
▶️Vinculan a proceso a 8 personas que fueron detenidas en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán
— Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) May 28, 2025
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Gerardo de la Cruz informó que la indagatoria se inició de manera formal, con el objetivo de esclarecer cómo actuaron los funcionarios.
“Empezamos a checar cuál había sido la actuación del personal de la fiscalía del estado, cómo fue que llevaron a cabo sus actos de investigación”, dijo.
De la Cruz abundó en que los indicios localizados como: ropa, zapatos y vehículos, no fueron procesados conforme a los protocolos establecidos.
“A la hora que no se trata como debe ser cada uno de los indicios... se está cometiendo un abuso de autoridad”, advirtió, lo que, según el Código Penal de Jalisco, configura una negación de acceso a la justicia.
Detalló que los delitos por los que se les imputa son “peritos cometidos en la administración de justicia” y abuso de autoridad. Este último, explicó, aplica cuando un servidor público favorece a una de las partes por acción u omisión dentro de un procedimiento penal.
Respecto a los perfiles investigados, el fiscal indicó que se trata de agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos criminalistas y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Añadió que incluso un funcionario de nivel subdirección figura entre los señalados.
“Desde el Ministerio Público tiene que haber una conducción precisa... y quien ejecuta las órdenes también tiene responsabilidad”, sostuvo De la Cruz.
Añadió que los investigadores presentes debieron compartir información y ordenar diligencias necesarias, cosa que, afirmó, no ocurrió.
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Aseguró que al menos cuatro peritos que intervinieron en la inspección no cumplieron con los procedimientos adecuados, y que también se indaga a quien los coordinaba.
“Hay alguien que los coordinaba, alguien a nivel subdirección, entonces a esta persona también la tenemos ahí”, puntualizó.
Cuestionado sobre las posibles sanciones, el fiscal explicó que las penas previstas para estos delitos van de uno a cinco años de prisión.
“De una manera desafortunada las penas no son elevadas”, lamentó, aunque enfatizó que se busca responsabilidad administrativa y penal.
Al ser consultado sobre el acompañamiento de colectivos o comisiones de derechos humanos, De la Cruz reconoció:
“En este momento no hemos tenido el acompañamiento de los colectivos de búsqueda”, aunque no descartó futuras colaboraciones en el desarrollo del caso.
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