El juzgador determinó vincularlo a proceso en ambos casos con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGE Puebla indicó que no acreditó la legitimidad de varios millones de pesos correspondientes a sus ingresos mientras se desempeñaba como servidor público.
El director expresó que para él es un orgullo pertenecer al Poder Judicial del Estado de Durango, además de un compromiso muy alto y un honor como servidor público.
La FGR imputó al servidor público de haber intervenido ilegalmente para buscar que en Andorra se liberaran 76.5 millones de euros que habían sido bloqueados al abogado.
La pena de prisión aumentaría hasta en 50 por ciento si el responsable es un servidor público encargado de funciones de prevención, persecución o sanción del delito.
