La declaración se da al tiempo que la Fiscalía de Puebla cateó los domicilios de los alcaldes de Ahuazotepec y Cuautempan, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
En particular, el sector comercio ha resultado el más afectado pues la cercanía con el cliente y el flujo constante de efectivo los vuelve blancos fáciles para la delincuencia.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público iban enfocadas en mostrar la culpabilidad del alcalde por los delitos de delincuencia organizada y omisión.
El alcalde de Teuchitlán enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada, mientras diputados del PAN denuncian que es usado como "chivo expiatorio" en el caso Rancho Izaguirre.
El objetivo es frenar la glorificación del crimen organizado en un estado donde 9 de cada 10 homicidios dolosos están vinculados a la delincuencia organizada.
