Congreso de Nuevo León analiza cambios a la Justicia Administrativa por mandato judicial
La iniciativa plantea que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa resuelva recursos de apelación en materia de responsabilidades administrativas.
Con el objetivo de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado local Javier Caballero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Durante una rueda de prensa, el legislador explicó que la propuesta surge a partir de una controversia constitucional promovida por el municipio de San Pedro Garza García, en la que se señaló una omisión legislativa dentro del diseño actual de la normativa estatal.
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La iniciativa plantea que sea la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) la instancia encargada de conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
Esto plantea la reforma a la justicia administrativa en Nuevo León
Caballero sostuvo que la reforma responde directamente a un mandato de la Suprema Corte y permitirá fortalecer el acceso a una segunda instancia efectiva dentro del sistema de justicia administrativa.
“Con esta reforma garantizamos una segunda instancia efectiva, fortalecemos la certeza jurídica y cumplimos con una resolución de la Suprema Corte que busca asegurar una justicia administrativa más imparcial y acorde con los principios constitucionales”, señaló el diputado.
La propuesta también contempla modificaciones a las atribuciones de la Sala Superior y de la Sala Especializada, con el propósito de armonizar el marco normativo vigente y brindar mayor claridad en la distribución de competencias dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
De acuerdo con el legislador, estas adecuaciones permitirán fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia administrativa y atender los criterios establecidos por el máximo tribunal del país.
Finalmente, Caballero destacó la importancia de mantener actualizada la legislación estatal conforme a los criterios constitucionales y reiteró que la iniciativa busca reforzar el Estado de Derecho, garantizar procesos más transparentes y ofrecer mayor certeza jurídica a los ciudadanos y autoridades que participan en procedimientos administrativos.
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