Itzel Castillo asegura que Samuel García es omiso en cumplir la Constitución de Nuevo León
Congreso de Nuevo León acusa a Samuel García de omitir propuesta para Tesorero; advierten incumplimiento constitucional.
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Itzel Castillo critica a Samuel García por no cumplir con plazos legales para designar al nuevo Tesorero estatal. | Luis Guerra
La presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo Almanza, advirtió que de nueva cuenta el titular, el gobernador Samuel García, intenta omitir una obligación constitucional al negarse a enviar su propuesta para elegir al nuevo Tesorero General.
De acuerdo con la legisladora local, la Constitución de Nuevo León es clara y entendible al fijar los plazos que se determinan para dicho cargo, que está céfalo desde el mes de enero del presente año.
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"La Constitución Política del Estado de Nuevo León es muy clara, hay un plazo establecido para enviar la propuesta para el nuevo titular del cargo que está acéfalo desde la renuncia de Carlos Garza Ibarra", señaló.
Precisó que desde el miércoles 1 de abril se venció el plazo sin que fuese entregada en la Oficialía de Partes la propuesta del Ejecutivo Estatal.
"He leído algunas declaraciones del mandatario, nada oficial, por lo tanto, no tiene sentido reaccionar a ello; lo que sí es un hecho legal es la omisión del gobernador sin que haya una justificación al respecto", indicó.
Concluyó que estas actitudes por parte del gobernador son una falta de respeto al estado de derecho, por lo cual consideró que ningún servidor público debe dejar precedente de cómo no obedecer la ley.
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"Es de nueva cuenta, una falta de respeto al Estado de Derecho en el que todos anhelamos vivir; los servidores públicos, y más al nivel del gobernador, no podemos sentar precedentes de no obedecer la ley, porque ello es muy peligroso para el orden social", concluyó.
Cabe recordar que este jueves el gobernador Samuel García Sepúlveda apenas envió la notificación al Congreso local sobre la renuncia del extesorero, Carlos Garza.
Por lo cual, a partir de ese día se tienen 90 días para que el mandatario designe a un nuevo titular de esa dependencia y que sea avalado por el Congreso del Estado.
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