Inician juicio político contra Miguel Treviño, exalcalde de San Pedro
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició un juicio político contra el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, por restituir a su secretario de Desarrollo Urbano.
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El juicio político contra Miguel Treviño surge por presuntas omisiones y desacato en la destitución de su secretario de Desarrollo Urbano.
Por haber restituido a su entonces secretario de Desarrollo Urbano que presuntamente afectó a los vecinos, la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició un juicio político contra el ex alcalde de San Pedro, Miguel Treviño.
Armida Serrato, presidenta de la Comisión, detalló que en semanas próximas se reunirán asesores legislativos y diputados para determinar la procedencia del juicio, pues el inicio no significa que puedan enjuiciarlo.
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“Es el inicio de juicio político en contra del expresidente municipal de San Pedro, Miguel Treviño, porque es muy importante dejar asentado el inicio de este juicio político porque la Ley establece que todos los servidores públicos somos sujetos a juicio políticos para el caso de servidores públicos, que es el caso de Miguel Treviño tienen hasta un año después de haber concluido el mismo, es decir el día de mañana 30 de septiembre.
“Fue por tres expedientes, se maneja el caso que fue público y litigado por el propio Miguel Treviño de haber desacatado una orden federal para la destitución de un secretario de la administración. Ojalá que esta misma semana los diputados que deseen participar en las mesas de análisis se integren, es bien sencillo y ser puntuales en cada párrafo y cada prueba es bien importante”, señaló.
Serrato detalló que hasta el inicio del Juicio no había llegado ningún amparo o recurso legal de Treviño que frenara el futuro proceso.
“Debemos ser muy serios en cada uno de estos pasos, porque ya hemos tenido otras experiencias que por la celeridad de algún caso de juicio político, este se está omitiendo de manera involuntaria algún proceso, no queremos que eso sucede”, aseveró.
La presidenta añadió que Treviño fue servidor público, y ahora deben determinar si ocasionó como servidor público daño al interés general de la comunidad.
“Lo vamos a determinar de acuerdo a las pruebas que allí se establezcan y nos iríamos a darle el derecho de audiencia, obviamente bajo una solicitud de forma legal, al caso directamente de Miguel Treviño, y obviamente él con los equipos de abogados determine si asista, yo estoy esperando que al menos en esta semana o la próxima estemos teniendo esta segunda etapa”, aseguró.
Al menos tres ciudadanos denunciaron ante el Congreso la omisión de Treviño de no remover a Javier de la Fuente el resto de la administración 2021-2024.
Sin embargo, para evitar el arresto o uso de la fuerza pública de este, fue separado del cargo 13 días en el 2024, y fue restituido de inmediato por la administración independiente.
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor a seis meses, es decir, antes de marzo del 2026 debe haber una resolución de la Comisión Anticorrupción.
Estas consisten en inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, o solo inhabilitación si el servidor público ya hubiere concluido su cargo.
Los ciudadanos que denunciaron a Treviño de Hoyos presentaron una ampliación de demanda ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, para que se emplazara al Congreso a remitir un informe de lo último realizado.
“Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables Congreso del Estado de Nuevo León y su Comisión de Anticorrupción venzan el estado de omisión que impera, y en consecuencia, informe a este Juzgado sobre el trámite que se le ha dado al procedimiento de juicio político iniciado con motivo de la vista presentada el 16 de mayo de 2025.
“Sin que esto implique a que la autoridad legislativa se encuentre obligada a actuar en determinado sentido o adopte cierta determinación, sino únicamente a informarle el estado que guarda dicho trámite”, detalla el Juzgado.
Con lo anterior, detalla el resolutivo, no se pretende ordenar un actuar concluyente por parte del Congreso del Estado, sino que únicamente cese el estado de omisión que a la fecha existe, lo que no implica la invasión a las facultades, pues debe iniciarlo.
La destitución de Javier de la Fuente estaba vinculada a un caso donde la Secretaría de Desarrollo Urbano negó a una pareja la expedición de la Licencia de Regularización de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar para el predio identificado con el expediente catastral número 29-079-040 en el sector Las Terrazas, de San Pedro.
El asunto derivó de una controversia que data del 2013, que fue atendida por la administración municipal en su momento.
La administración argumentó que se había detectado que un vecino construyó al 100 por ciento del terreno sin respetar los lineamientos urbanísticos.
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