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FGR busca a dueño de pozo minero y dos empresarios por caso “El Pinabete”

Diez mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto en la propiedad de la empresa minera “El Pinabete”.

Rubén Mosso Coahuila /

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con otras dependencias federales buscan a Cristhian Elois Solís Saavedra, así como a los empresarios Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, por su presunta responsabilidad en los sucesos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa minera “El Pinabete”, en Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto.

De acuerdo con información de autoridades del gobierno federal, Solís Saavedra es dueño del pozo minero.


Mientras que Luis Rafael García Luna Acuña, es hijo de Aída Acuña Cruz, quien ocupó el cargo de controladora cuando Tomás Yarrington Ruvalcaba fue gobernador de Tamaulipas, ex mandatario estatal que actualmente está preso en Estados Unidos.

Luna Acuña es señalado como propietario de la empresa minera “El Pinabete”, en tanto que Arnulfo Garza Cárdenas es accionista de la misma.

El pasado 11 de agosto, la FGR solicitó audiencia para imputar a Cristhian Solís por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación, a través de la mina de carbón mineral “El Pinabete”, ya que incumplió con las obligaciones que la ley establece a quien realiza ese tipo de actividades.


Lo anterior, explicaron, dio origen a la causa penal 237/2022, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Posteriormente se determinó que Luis Rafael García y Arnulfo Garza probablemente incurrieron en responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero localizados en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde permanecen atrapados los 10 mineros.

Como estas personas no acudieron a la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público Federal encargado del caso solicitó al juez de la causa tres órdenes de aprehensión, motivo por el cual no solo son buscados en Coahuila, sino en otras regiones del país, pues se sabe que los empresarios también desempeñaban actividades en ciudades como Monterrey, Nuevo León, entre otras.

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