Suspendidos dos secretarios de Cholula por tratar de liberar al feminicida de Karla López Albert
El Poder Judicial de Puebla indaga las irregularidades detectadas en el intento de modificar la sentencia de Manuel Forcelledo Nader, lo que le permitiría dejar la prisión.
Dos secretarios del Juzgado Segundo de Cholula permanecen suspendidos de manera cautelar y temporal, mientras el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla investiga las irregularidades detectadas en el intento de modificar la sentencia y liberar a Manuel Forcelledo Nader, feminicida de Karla López Albert.
En entrevista este jueves, el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el procedimiento continúa abierto debido a las irregularidades detectadas en un caso que calificó como mediático.
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Precisó que los dos funcionarios suspendidos son el secretario del área penal, quien firmó el oficio relacionado con la salida de Forcelledo, y la secretaria que se encontraba en funciones.
“Actualmente, tenemos a los dos secretarios suspendidos como medida cautelar temporal, en lo que llegamos a la resolución. De manera temporal están suspendidos los dos secretarios”, explicó.
Tras 12 años del feminicidio de Karla López Albert, tratan de cambiar medidas cautelares de su feminicida
Fue en mayo de este 2026 que el caso volvió a generar indignación luego de que se revelara que, sin autorización del Consejo de la Judicatura, se habría realizado un cambio de juez y una audiencia para modificar las medidas cautelares de Manuel Forcelledo.
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Además, la audiencia no habría quedado registrada en audio ni video y tampoco se notificó a los familiares de Karla López Albert, víctima de feminicidio.
El intento de modificar su situación jurídica ocurrió el 12 de mayo, cuando se determinó sustituir la prisión por la firma periódica y el uso de un brazalete electrónico. Sin embargo, la medida no se concretó.
Manuel Forcelledo Nader fue declarado culpable por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014, además de los delitos de aborto y violación, por lo que debía cumplir una sentencia de 76 años de prisión.
A 12 años del crimen, el intento de modificar su sentencia volvió a poner el caso en el centro de la atención pública.
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