Rescatan a 115 personas en Guadalajara; clausuran anexo por condiciones deplorables y posibles abusos
Las autoridades de Jalisco documentaron las precarias condiciones del centro, que operaba con sobrecupo, presentaba plagas y carecía de una higiene básica, lo que llevó a su clausura inmediata del espacio.
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La información de los internos fue corroborada en busca de desaparecidos u órdenes de detención. | Secretaría de Seguridad de Jalisco
Tras una denuncia por presunta privación ilegal de la libertad, la Fiscalía del Estado de Jalisco clausuró un centro de rehabilitación, conocido popularmente como "anexo", en la colonia Lomas del Gallo de Guadalajara.
El operativo interinstitucional se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre, culminando con el resguardo de 115 personas y la suspensión definitiva del lugar por graves deficiencias sanitarias.
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¿Cuál fue el resultado del operativo realizado dentro del anexo?
La intervención, liderada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, incluyó a Policías de Investigación que ingresaron al inmueble y encontraron a 101 adultos y 14 menores de edad.
De inmediato, se inició el proceso de restitución familiar para los adultos, mientras que los menores fueron trasladados a la Unidad Especializada en Delitos cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para su protección y seguimiento.
El operativo no solo se enfocó en el delito de privación de la libertad, sino que también contó con la participación de inspectores de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco y del Ayuntamiento de Guadalajara. La labor de estos organismos fue crucial, pues documentaron las precarias condiciones del centro, que operaba con sobrecupo, presentaba plagas y carecía de una higiene básica, lo que llevó a su clausura inmediata.
Aunque las autoridades cotejaron las identidades de los internos con bases de datos de órdenes de aprehensión y reportes de personas desaparecidas, no se encontraron coincidencias.
Además, no se realizaron detenciones directas relacionadas con el delito que se investiga, lo que subraya la complejidad de este tipo de casos, donde las víctimas a menudo no denuncian de forma inmediata o directa.
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En un esfuerzo por salvaguardar los derechos de las personas resguardadas, la Vicefiscalía de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación para Prevenir y Sancionar la Tortura también estuvieron presentes.
Estas instancias brindaron orientación a los internos, informándoles sobre sus derechos y los canales disponibles para interponer una denuncia en caso de haber sido víctimas de algún delito, abuso o maltrato durante su estancia.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de una mayor regulación y supervisión de los centros de rehabilitación en el estado, ya que muchos operan en la clandestinidad o con permisos irregulares, poniendo en riesgo la integridad y los derechos de las personas que buscan ayuda.
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