¿Crimen organizado también opera en el terreno legal y mediático?
- El Pulso de la Ciudad de México
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Víctor Hugo Michel
El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas cuyo caso nos da una pista importante de la manera fina, casi quirúrgica con la que puede operar el crimen organizado en México. Los cárteles no avanzan sus intereses sólo con violencia, sino también en el terreno de la información, de las versiones y de la opinión pública.
Los sancionados son Jesús Raymundo Ramos Vázquez, quien se presenta como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez. Ambos fueron incluidos por el Departamento del Tesoro en una lista negra que implica algo muy serio: cualquier persona o empresa que tenga relación con ellos podría enfrentar sanciones.
Es decir, a partir de ahora, no se trata sólo de quiénes son, sino de con quién se relacionan.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ambos habrían colaborado con el Cártel del Noreste , no necesariamente con armas, sino en algo más sutil. Ayudaron a construir narrativas y estrategias legales que beneficiarían a esta organización criminal, lavándole la cara en algunos casos, abriéndole espacios de operación, en otros.
En el caso de Raymundo Ramos, durante años ha impulsado denuncias contra fuerzas armadas por presuntas violaciones a derechos humanos. Y aquí hay que decirlo con claridad: en México sí han existido abusos, y deben investigarse. Quien los haya cometido debe ser sancionado con todo el peso de la ley
Pero, según las autoridades estadounidenses, algunas de estas acciones habrían contribuido a desacreditar a las fuerzas federales en zonas clave, con la intención de generar vacíos que después fueron explotados por el propio narcotráfico.
Un ejemplo es lo ocurrido en Nuevo Laredo en la década pasada, cuando múltiples denuncias por desapariciones se dieron mientras la Marina estaba desplegada en la zona con la misión de enfrentar y desarticular al Cártel del Noreste. Estas denuncias, presentadas por el propio Ramos, derivaron en presiones institucionales y eventualmente llevaron a cambios en la presencia federal.
Con el tiempo y luego de que el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se involucrara en el caso, la Armada terminó retirándose de esta ciudad, una de las más estratégicas en la frontera con Estados Unidos. Fue un retiro que —según la lectura de Washington y círculos de inteligencia— abrió espacio para una mayor libertad de operación del CDN. El Ejército Mexicano recibió el mismo mensaje y limitó sus operaciones ante la posibilidad de ser acusados de violaciones a los derechos humanos por Ramos.
La FGR investiga si la Marina tuvo responsabilidad en la desaparición de 37 personas. Pero también existen indicios de que grupos criminales estaban operando utilizando uniformes falsos para cometer estos delitos. La estrategia era culpar a uno de los cuerpos federales más eficientes para debilitarlos pública y legalmente
Al final, la operación de Ramos tuvo éxito. Nuevo Laredo una de las joyas de la corona en la frontera, plaza que ha sido disputada por distintos carteles a lo largo de los últimos años, quedó libre y literalmente ocupada por el crimen organizado.
En el caso de Juan Pablo Penilla, se trata de un abogado de alto perfil vinculado a figuras del crimen organizado, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales de los Zetas, y que, según el Departamento del Tesoro, habría ido más allá de la defensa legal tradicional para facilitar operaciones del grupo criminal.
¿Qué nos dice todo esto?
Que el crimen organizado también puede operar en el terreno legal y mediático. Que puede intentar influir en percepciones, debilitar a instituciones y ganar espacio no sólo con violencia, sino con narrativa.
Pero también hay que decirlo con responsabilidad: estas son acusaciones del gobierno de Estados Unidos. No son sentencias judiciales en México, y han sido rechazadas por los señalados. Por eso, el punto no es descalificar denuncias de derechos humanos. Eso sería un error.
El punto es otro.
Entender que, en algunos casos, puede haber intereses detrás de ciertas campañas, y que siempre es crucial analizar con mayor cuidado la información que se consume.
Porque en contextos como el de México, donde conviven violencia, instituciones débiles y disputas de poder, la pregunta clave sigue siendo la misma:
¿Quién se beneficia?
ZNR
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