Una elección judicial sin respaldo

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Un tema poco discutido rumbo a la elección judicial en México es la baja participación electoral y la legitimidad con la que lleguen ministros, jueces y magistrados.

Los sistemas democráticos, incluido el mexicano, dedican parte de su atención a la legitimidad de sus representantes electos. Por ejemplo, cuando funcionarios públicos como el presidente, gobernadores o legisladores son elegidos con baja participación, su capacidad para representar al “pueblo” se cuestiona, y con ello su autoridad moral.

El abstencionismo es un temor constante en cualquier proceso electoral. En México, la participación ha sido variable: en 2018 fue de 63.4 por ciento, en 2021 bajó a 52.6 por ciento, y en 2024 subió a 61.0 por ciento. Es decir, a mayor participación, los ganadores llegan con mayor fortaleza para ejercer sus funciones.

Pero ¿cuál será el impacto de esta dinámica en los nombramientos judiciales? El INE calcula, en el mejor escenario, una participación de no más del 15 por ciento en esta elección. De manera extraoficial, algunos consejeros admiten que podría no superar ni el 9 por ciento.

Hasta ahora, los ministros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. Si ambos poderes carecen de legitimidad por una baja participación, los nombramientos judiciales podrían percibirse como politizados o incluso ilegítimos. Ejemplo: un Senado electo con alta abstención podría aprobar jueces sin respaldo social, generando desconfianza.

¿Estamos ante una crisis de legitimidad judicial? Aunque es la primera elección de este tipo, el proceso ya muestra signos de desconexión con la sociedad. Un Poder Judicial elegido con baja participación podría ser percibido como ajeno a las demandas ciudadanas.

Jueces electos con pocos votos y asociados a partidos políticos verán debilitada su neutralidad. Esto es especialmente grave en un país con antecedentes de corrupción en el ámbito judicial. Sin legitimidad, las decisiones de jueces y magistrados corren el riesgo de ser interpretadas como parciales o arbitrarias.

Incluso iniciativas sólidas podrían enfrentar resistencia si provienen de un gobierno débil o percibido como ilegítimo. La baja participación alimenta la percepción de que “el sistema no funciona”, desincentivando futuras votaciones y profundizando la desconfianza en todas las instituciones, incluido el Poder Judicial.

Estos son algunos puntos críticos de la elección judicial del próximo 1 de junio:

1. Instalación de casillas: ¿Funcionarios capacitados o reclutamiento improvisado?

La instalación de las 4 mil 989 casillas en Jalisco depende de que los funcionarios designados (supervisores, secretarios, etcétera) se presenten. Si no lo hacen, la ley permite reclutar votantes de la fila, pero sin capacitación previa. Esto eleva el riesgo de errores en actas, manejo de boletas o aplicación del nuevo sistema de votación numérica, lo que podría derivar en impugnaciones.

2. Observadores electorales: ¿Supervisión o saturación?

Jalisco tendrá 6 mil 500 observadores acreditados, más que en 2024. Sin embargo, 4 mil 600 solicitudes fueron rechazadas por requisitos incompletos. Aunque su labor es vigilar irregularidades, su presencia masiva podría generar tensiones si cuestionan sin fundamentos a los funcionarios de casilla. En círculos políticos se advierte que muchos podrían estar ligados a partidos.

3. Casillas especiales: ¿Votos faltantes por baja participación?

En elecciones federales, las casillas especiales suelen registrar hasta 30 por ciento de boletas no utilizadas. La complejidad de este proceso —seis boletas y votación numérica— podría alejar a votantes esporádicos, alimentando narrativas de fraude o desconfianza, aun cuando el fenómeno sea resultado de la apatía.

4. Traslado de paquetes: logística bajo presión

Las urnas deben ser llevadas desde las casillas a los Consejos Distritales del INE. En Jalisco, esto implica movilizar material desde zonas como la Sierra Occidental o la Costa Norte, donde existen riesgos de seguridad.

5. Encuestas de salida: método sin precedente

Las encuestas de salida tradicionales no funcionarán, ya que los votantes eligieron múltiples candidatos por boleta (por ejemplo, nueve ministras y ministros con cuotas de género). Algunas encuestadoras trabajarán con muestras pequeñas y se limitarán a medir aprobación general del proceso. Otras preferirán no publicar resultados preliminares para evitar desinformación.

6. Resultados no inmediatos: conteo lento y validación detallada

El conteo será manual. Cada boleta debe validarse conforme a reglas específicas (por ejemplo, marcar exactamente cinco mujeres y cuatro hombres para la Corte). El PREP podría tardar hasta 72 horas en arrojar resultados parciales.

Estos desafíos reflejan las tensiones entre una apuesta por la innovación democrática y la capacidad operativa del sistema. El éxito de esta elección dependerá no solo del INE, sino de la paciencia y participación activa de la ciudadanía. La noche del 1 de junio pondrá a prueba algo más que las urnas: pondrá a prueba la confianza.