El revés de la paridad en Jalisco: cuando ganar la batalla significa perder la guerra

Fíjense, mujeres activistas impugnaron que Zapopan fuera solo para candidatas LGBT, con discapacidad o indígenas. El resultado: el Tribunal Electoral federal les da la razón, se quita eso, pero además se quita la regla de postulación exclusiva de mujeres para ocho municipios. 

La historia tiene capítulos y contradicciones que parecen sacadas de un guion de ironía política. Comenzó en junio de 2025, cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) aprobó los lineamientos de paridad e inclusión para las elecciones de 2027. No era cualquier medida: ocho municipios donde las mujeres nunca habían gobernado (Zapopan, Tonalá, Chapala, Poncitlán, La Barca, San Juan de los Lagos, Autlán de Navarro e Ixtlahuacán de los Membrillos) debían postular exclusivamente a mujeres para la Presidencia Municipal. Y en Zapopan, el más poblado, la candidata debía ser además indígena, con discapacidad permanente o parte de la comunidad LGBTTTIQ+. Sonaba a victoria feminista, pero no fue tan sencillo. 

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Nueve organizaciones feministas alzaron la voz. No en contra de la inclusión, sino en contra de lo que llamaron una “superposición” de acciones afirmativas. Su argumento fue que al obligar a que solo compita una categoría específica de vulnerabilidad, se excluye a todas las demás mujeres. En Zapopan, la población indígena hablante es apenas el 1.2 por ciento (unos 16 mil habitantes) y las personas con discapacidad el 2.9 por ciento (42 mil 818). ¿Cómo justificar que una mayoría de mujeres quede fuera del juego por una regla pensada para incluir? “No nos oponemos a la inclusión de personas indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual. Sin embargo, denunciamos que la técnica de ‘superposición’ utiliza los derechos de estos grupos para anular el derecho al voto pasivo del universo general de mujeres”, sentenciaron en su posicionamiento. 

El caso llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la magistrada Claudia Valle Aguilasocho elaboró un proyecto que promete revolucionar el panorama electoral jalisciense. El proyecto, que se discutirá hoy, propone revocar parcialmente la sentencia de la Sala Regional Guadalajara. ¿El argumento de fondo? Que ni el IEPCJ ni el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) tenían facultades para imponer postulaciones exclusivas de mujeres en municipios específicos ni para exigir requisitos adicionales como pertenencia a grupos vulnerables. “La razón de la decisión atiende a la falta de armonía con los principios constitucionales de paridad, igualdad, reserva de ley, autodeterminación y autonomía interna partidista”, sostiene el documento. 

En otras palabras: supuestamente el Instituto local se extralimitó al mandatar esas acciones sin base legal suficiente. Aquí el detalle que pica: la medida de reforzamiento para Zapopan fue creada de oficio por el Tribunal local, sin petición de parte, vulnerando principios de paridad, igualdad, reserva de ley y autonomía partidista. Y el proyecto de la magistrada —ella, mujer— no solo tumba la acción para Zapopan, sino que también echa abajo la regla que obligaba a postular solo mujeres en los ocho municipios. 

Fueron 34 recursos de reconsideración. Los interpusieron ciudadanas —más de 20 mujeres activistas— y partidos políticos como Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir, una coalición heterodoxa que logró lo que parecía imposible: que el máximo tribunal electoral del país le ponga freno a una política diseñada para garantizar la paridad. Lo que está en juego no es menor. La Sala Superior deberá decidir si confirma el proyecto o lo modifica. De aprobarse, reconfiguraría las reglas con las que partidos y coaliciones deberán definir sus candidaturas rumbo a 2027. Y en municipios clave como Zapopan y Tonalá, donde ya comienzan a perfilarse los primeros aspirantes —se dice que el nombre número uno para Zapopan por parte del morenismo es Mauro Lomelí—, el impacto es inmediato. 

Pero aquí el remate tiene dos vueltas de tuerca. Primera: Hidalgo y Morelos ya habían validado exactamente lo mismo. La Corte validó el modelo de paridad en Morelos, creando bloques de municipios donde solo pueden postularse mujeres para presidencias municipales, como Axochiapan, Ayala, Cuautla y Jantetelco. En Hidalgo, el Instituto local determinó en 2023 la postulación exclusiva de mujeres en 27 municipios, incluyendo Atotonilco el Grande, Huehuetla y Tezontepec de Aldama. En Nayarit, hay al menos tres candidaturas exclusivas para mujeres, una de ellas indígena en el municipio Del Nayar. Es decir, el precedente existe. Pero los magistrados federales decidieron que en Jalisco no aplica. 

Segunda: mientras el Poder Judicial define el destino de la paridad en Jalisco, el partido que gobierna el estado —Movimiento Ciudadano— vive su propia novela. La presidenta del IEPCJ, Paula Ramírez Höhne, renunció con carácter de irrevocable en medio de versiones sobre presiones de Morena. Los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal ya ni les hablan a sus propios alcaldes, diputados locales y federales, ni a regidores. “Es más fácil que les conteste la presidenta Erika Pérez un mensaje, que uno de estos secretarios”, cuentan los morenistas. Cerraron la cortina de la comunicación, nombraron enlaces para tratar con medio mundo, y la mayoría lo tomó como un acto de soberbia. 

En resumen: las activistas feministas ganaron su batalla contra la candidatura reservada para minorías en Zapopan, pero las mujeres de Jalisco se llevaron la derrota en ocho municipios. Lo que en Hidalgo y Morelos fue paridad, en Jalisco es extralimitación. Y las mujeres, para variar, pagan los platos rotos mientras los partidos se enredan en sus propias tranzas. 

Al final, la pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿la justicia electoral está aplicando un estándar doble, o simplemente el derecho a la paridad sigue siendo un campo de batalla donde las mujeres siempre terminan cediendo terreno? Porque si en unos estados la Corte avala la postulación exclusiva de mujeres y en otros la tilda de inconstitucional, entonces lo que tenemos no es un criterio claro, sino un volado. Y en ese volado, las primeras en perder siempre son ellas.