Jalisco reparte responsabilidades: crisis del agua la pone en manos del Congreso y la Federación

El gobierno de Jalisco puso sobre la mesa un tema que muchos no quieren ver: el de dinero para buscar una solución a la crisis del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Le Secretaría de Salud, incluso reconoció algo que no había aceptado en todos estos meses: problemas en cuerpo y ojos al bañarse. 

El plan presentado ayer no es cualquier cosa: requiere una inversión de más de 20 mil millones de pesos para obras mayores. Pero el gobernador no quiere cargar solo con esa responsabilidad. Por eso, hizo un doble llamado: Primero, al Congreso local. Todo apunta a que en los próximos días llegará una iniciativa para pedir autorización de deuda o de un esquema financiero complejo. Sin el aval de los diputados, las obras grandes no pueden arrancar. Es un movimiento calculado: si algo sale mal, la responsabilidad será compartida con el Legislativo. 

Segundo, a la Federación. Lemus invoca la “corresponsabilidad” y pide al gobierno de Claudia Sheinbaum, que voltee a ver la crisis que padecen los tapatíos para que se sume al proyecto, recordando que existe un Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua firmado en noviembre de 2024. Básicamente, le está diciendo a la Ciudad de México: Este problema no es solo de Jalisco, es de todos, ayúdennos. 

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Mientras los funcionarios anuncian megaproyectos y hablan de inversiones históricas, la realidad en las colonias es otra. Vecinos reportan agua con coloración amarilla, negra, con mal olor y hasta con sedimentos. Las quejas por agua turbia o maloliente aumentaron un 48% en el primer trimestre de 2026 comparado con el año anterior. 

El problema no es nuevo: expertos señalan que es el resultado de 25 años de falta de inversión en mantenimiento. Tuberías con más de medio siglo, tanques de almacenamiento en mal estado y una planta potabilizadora (la de Miravalle) que ya cumplió 70 años y procesa más de la mitad del agua que consume el Área Metropolitana.

Ante esta crisis, el gobierno reaccionó con un plan de 30 acciones divididas en dos velocidades. Lo inmediato: Ya están en marcha obras con un fondo de 5 mil millones de pesos. Lo más urgente es construir un nuevo módulo en la planta de Miravalle y un bypass en el canal de Las Pintas para que el agua no pase por la zona más contaminada. Prometen resultados en menos de un año. 

Lo de largo aliento: El megaproyecto de 20 mil millones incluye un nuevo acueducto que sustituya al viejo sistema Chapala-Guadalajara, con la promesa de que incluso se podrá extraer menos agua del lago.

También incluyen la modernización de otras plantas potabilizadoras. 

¿Qué significa todo esto? En el fondo, la estrategia tiene tres capas. La técnica: Hay un diagnóstico real (infraestructura envejecida, contaminación en el canal de Las Pintas, presión sobre el lago de Chapala) y se están proponiendo obras concretas. 

La política: Al pedir apoyo al Congreso y a la Federación, el gobernador está tejiendo una red de responsabilidades compartidas. Si la crisis se agrava, ya no será sólo su problema. Si las obras se retrasan, podrá señalar que faltó voluntad de otros niveles de gobierno. 

La de legitimidad: El anuncio se da en un momento en que la gente está desesperada, con agua saliendo de las llaves en condiciones preocupantes. Presentar un plan ambicioso ayuda a calmar las protestas y a mostrar que “se está haciendo algo”, aunque los resultados tangibles tomen tiempo. 

Pero hay una pregunta incómoda. El verdadero desafío no es si las obras se van a hacer o no. La pregunta es: ¿por qué se esperó hasta que la crisis fuera insostenible para actuar? El gobierno admite que hay un rezago de 25 años, pero la administración actual llegó en 2024. El tiempo apremia y la paciencia de la gente se está agotando. Mientras los políticos discuten quién pone el dinero y quién autoriza la deuda, en las colonias la gente sigue abriendo la llave y encontrando agua que no debería beber. Y esa, al final, es la única verdad que no admite aplazos.